Jueza rechaza acción para forzar cargos contra exfiscal Galo Chiriboga en disputa legal por millonaria propiedad en Quito

POLÍTICA

Rechazada acción de protección que buscaba impulsar proceso penal contra Galo Chiriboga por caso de inmueble en disputa

La jueza Ángela Núñez Ibarra, de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de La Mariscal, en Quito, declaró improcedente la acción de protección presentada por el ciudadano alemán Edmund Chladek Polansky. El recurso buscaba que se ordene a la Fiscalía General del Estado la formulación de cargos por presunto peculado bancario en un caso que involucra al exfiscal general del Estado, Galo Chiriboga.

La resolución judicial fue emitida cinco días después de que la defensa de Chladek interpuso la demanda constitucional. Esta acción tenía como objetivo presionar para que el Ministerio Público avanzara en el proceso penal contra Chiriboga, basándose en lo que alegan como elementos suficientes para formular cargos por su presunta responsabilidad en hechos relacionados con el extinto banco Bancomex.

La disputa legal entre Chladek y Chiriboga se arrastra desde hace más de 20 años y gira en torno a una lujosa propiedad ubicada en el sector de Tumbaco, al nororiente de la capital ecuatoriana. El valor actual del inmueble superaría los 1,5 millones de dólares, según estimaciones extraoficiales.

Según la denuncia, en 1999, Bancomex habría cedido a favor de Chiriboga una deuda hipotecaria que Chladek mantenía con la entidad, lo que presuntamente permitió que el exfiscal se adjudicara el bien inmueble, propiedad de la familia del ciudadano alemán. La causa penal permanece en etapa de indagación previa, y hasta la fecha no se ha convocado audiencia de formulación de cargos.

Chladek sostiene que la Fiscalía ha tenido suficientes indicios para continuar con el caso y acusa al sistema judicial de inacción frente a lo que él considera una apropiación indebida de su patrimonio.

Galo Chiriboga, quien ejerció como fiscal general durante el gobierno de Rafael Correa, ha negado las acusaciones y ha sostenido que la transferencia del bien fue legal y amparada por decisiones judiciales previas.

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