El juez Vicente Pico Lozano de Montecristi, Manabí, ha revocado su decisión anterior que suspendía la aplicación del reglamento para la selección del Fiscal General del Estado. Esta resolución se tomó en respuesta a un pedido del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni, quien también recibió sugerencias de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador (Fenade) para modificar la norma.
El conflicto se inició cuando un abogado, Kenny Andrés Delgado Pinargote, presentó una acción de protección con medidas cautelares contra el reglamento del CPCCS. Este reglamento establece las reglas para el concurso público de méritos y oposición para la elección del nuevo Fiscal General. A pesar de que el juez aceptó inicialmente la acción y suspendió la vigencia de la normativa, el 25 de septiembre de 2024 dictó un fallo en el que señaló que las medidas cautelares no cumplían con los requisitos legales, considerándolas improcedentes.
Pico argumentó que su decisión anterior había sido un error de competencia, lo que llevó a la revocación de la suspensión del reglamento, que aún no ha sido publicado en el Registro Oficial. En su comunicación, Fantoni aclaró que el reglamento no puede ser objeto de acción de protección y denunció una “grosera desnaturalización” de las garantías jurisdiccionales, además de señalar que el juez podría haber incurrido en un posible delito de prevaricato.
A pesar de las críticas, el juez no procederá con este caso y desestimó cualquier acusación de “abuso del derecho” que se le imputó.
En el ámbito de la Fenade, su presidente, Paúl Ocaña, entregó propuestas de modificación del reglamento a Andrés Fantoni. Durante su encuentro, Ocaña expuso las preocupaciones del gremio sobre ciertas disposiciones, como la prohibición de que quienes hayan defendido causas de crimen organizado, narcotráfico y otros delitos específicos puedan postularse para el cargo de Fiscal General.
Ocaña enfatizó que la normativa, aunque busca la transparencia y evitar la corrupción, podría estar limitando la participación de profesionales calificados. Argumentó que excluir a quienes han defendido causas penales podría ser contradictorio, ya que la experiencia en esos ámbitos es valiosa para el puesto.
Este diálogo se gestó después de que el 11 de septiembre pasado, seis vocales del CPCCS aprobaran el reglamento, que ha generado críticas tanto de la sociedad civil como del ámbito académico. Fantoni, por su parte, admitió que la norma es susceptible de mejoras y se comprometió a buscar una autoridad competente y honesta para ocupar el cargo.
Aunque el reglamento fue aprobado, el proceso para elegir al reemplazo de Diana Salazar Méndez, cuya gestión termina en abril de 2025, aún no ha comenzado en el CPCCS.
