El 4 de diciembre, dio inicio el juicio contra once personas acusadas de obstruir la justicia en el caso Independencia Judicial. Este proceso tiene como punto central la posible responsabilidad de los implicados por interferir en las decisiones del juez Walter Macías en el caso conocido como «Vocales». Durante el juicio, se han presentado testimonios que señalan otros hechos que sugieren actos de corrupción dentro del Consejo de la Judicatura (CJ), organismo encargado de la administración y vigilancia de la Función Judicial.
Entre los acusados figuran el expresidente del CJ, Wilman Terán, y la exvocal Maribel Barreno, quienes, según la Fiscalía, habrían utilizado intimidación y manipulación a través de sus colaboradores cercanos, quienes ocupaban diversos cargos dentro de la institución. Entre estos colaboradores se encuentran figuras como Milton A., Jéssica Ch., Santiago C., Liberton C., Carlos G., Andrés J., Milton H., Katherine L., y Olga V., quienes fueron asesores de Terán y Barreno, así como directores de distintas unidades de la Judicatura.
Un testigo clave en el caso, David Guzmán, exdirector general del CJ, brindó detalles cruciales sobre el funcionamiento interno de la Judicatura bajo el liderazgo de Terán, Barreno y Xavier Muñoz. Guzmán describió cómo el CJ estaba estructurado bajo un esquema de reparto de poder entre estos tres actores, con el fin de consolidar una «nueva mayoría». Según el testimonio de Guzmán, se crearon alianzas dentro del CJ entre los vocales Terán, Barreno y Muñoz, quienes asignaron cargos jerárquicos clave dentro de la institución para asegurar su control sobre la Judicatura.
Guzmán explicó que el presidente Terán tenía bajo su responsabilidad la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, la Dirección Nacional de Comunicación, y otras unidades de gran importancia, incluyendo las delegaciones de las provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Bolívar. Por su parte, Maribel Barreno tenía bajo su control la Dirección Financiera, la Dirección Nacional de Innovación, y el manejo de delegaciones en provincias como Azuay, Napo y Tena. Finalmente, Xavier Muñoz supervisaba la Dirección Nacional de Tecnologías (TIC) y otras áreas relacionadas con la gestión de estudios jurídicos, mientras que las delegaciones provinciales que le correspondían incluían Guayas, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas.
El testigo también detalló cómo estos repartos de poder no solo se limitaban a la asignación de cargos, sino que también incluyeron una estrategia para alejar al juez Walter Macías del caso Vocales, lo cual generó suspicacias sobre la independencia de las decisiones judiciales.
Este tipo de distribución de poder en la Judicatura no es algo nuevo. En abril de este año, Álex Palacios, otro testigo del caso Independencia Judicial, reveló detalles similares sobre los acuerdos entre Terán, Barreno y Muñoz en torno a la selección y designación de jueces para la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Según Palacios, el proceso de selección de jueces iniciado en junio de 2023 estuvo «totalmente arreglado», con un reparto anticipado de los jueces entre los miembros de la nueva mayoría, asignando tres jueces a Terán, dos a Barreno y dos a Muñoz.
Palacios también recordó cómo se dividieron las provincias bajo el control de estos tres vocales, lo que generó un claro esquema de reparto de territorios para afianzar el poder dentro de la Judicatura. Terán controlaba provincias clave como Pichincha y Manabí, Barreno tenía bajo su dominio Azuay y Pastaza, mientras que Muñoz se encargaba de Guayas, El Oro y Los Ríos.
En junio de 2023, Xavier Muñoz fue sentenciado a una pena atenuada de nueve meses y seis días de prisión por su implicación en la obstrucción de la justicia. Esta condena se basó en su cooperación con las autoridades, lo que le permitió obtener una reducción del 90 % de la sentencia original. Sin embargo, Terán, Barreno y los otros acusados aún esperan que concluya la audiencia para saber si serán declarados culpables o si su inocencia será ratificada.
