El Consejo de la Judicatura (CJ) confirmó este jueves que acatará la sentencia n.° 12-25-IN/25 emitida por la Corte Constitucional (CC), publicada el pasado 28 de mayo de 2025. En este fallo, la Corte declaró inconstitucional el modelo judicial distrital establecido en la Resolución 006-2025, considerando que limita el acceso efectivo a la justicia.
La Corte Constitucional argumentó que el sistema distrital de administración judicial restringe la cobertura territorial y especializada que exige el artículo 86 de la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC). Según el fallo, la justicia debe garantizar una presencia más amplia, especializada y accesible en todo el país, para responder a las demandas ciudadanas de manera eficiente y equitativa.
Este pronunciamiento marca un hito en la organización del sistema judicial, dado que el modelo distrital pretendía concentrar la administración de las garantías jurisdiccionales en unidades y salas especializadas de carácter regional, lo que, según la Corte, no asegura la debida atención territorial en todas las provincias y cantones.
En reacción a esta decisión, el Consejo de la Judicatura ha anunciado que comenzará a trabajar en la elaboración de una nueva resolución que permita implementar un modelo de judicaturas especializadas con cobertura nacional, alineado a los principios de accesibilidad, celeridad, eficiencia y eficacia que rigen la función judicial.
El presidente del Consejo de la Judicatura enfatizó que esta reformulación busca fortalecer el acceso a la justicia para todos los ciudadanos, eliminando barreras territoriales y optimizando la capacidad operativa de los tribunales. “Nuestro compromiso es garantizar que la justicia llegue de forma oportuna y especializada a cada rincón del país, tal como lo establece la Constitución”, señaló.
Cabe destacar que, según estadísticas oficiales, la actual concentración de unidades judiciales distritales ha provocado demoras y dificultades en el acceso de la población a procesos judiciales, especialmente en zonas rurales y periféricas, lo que justifica la necesidad de un modelo con mayor cobertura y especialización descentralizada.
Este fallo de la Corte Constitucional subraya la importancia de adaptar el sistema judicial a las necesidades reales del país, priorizando una estructura que combine especialización y presencia territorial, para garantizar un acceso justo y equitativo a todos los ecuatorianos.
