Un fotógrafo, estudiante de la Universidad Casa Grande, enfrenta una investigación por violación a la intimidad, tras ser señalado de aprovechar su rol profesional para obtener imágenes y videos privados de varias mujeres. Aunque inicialmente se pensó que la denuncia era por acoso sexual, la Fiscalía ha determinado que el caso corresponde al delito de violación a la intimidad, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este delito conlleva una pena de uno a tres años de prisión.
Denuncias en redes sociales
El caso saltó a la opinión pública cuando varias figuras públicas acusaron al fotógrafo de usar su posición para obtener material privado. Según los testimonios que circulan en redes sociales, el involucrado habría recurrido a diversos métodos para obtener fotos y videos sin el consentimiento de las víctimas. Entre las tácticas mencionadas se incluyen la solicitud de claves de iCloud bajo pretextos como la actualización de su computadora, la petición de imágenes y audios explícitos para un supuesto «portafolio» y la exigencia de fotos en lencería. Estas denuncias habrían sido compartidas por las víctimas a través de plataformas sociales, lo que llevó a la intervención de la Fiscalía.
Acción institucional
La Universidad Casa Grande no tardó en reaccionar ante la gravedad de las acusaciones. A través de un comunicado, la institución anunció que había acudido a la Fiscalía el 19 de noviembre para presentar una denuncia formal, cumpliendo con su protocolo institucional. “Es nuestra responsabilidad como universidad actuar con transparencia y apoyar a las presuntas víctimas en este tipo de situaciones”, declaró el centro educativo. Además, la ministra de la Mujer, Arianna Tanca, expresó su apoyo a las afectadas y les ofreció asistencia legal y psicológica gratuita.
Violación a la intimidad: la figura legal
El Código Orgánico Integral Penal establece que la violación a la intimidad se castiga con penas de uno a tres años de privación de libertad. El artículo 178 del COIP describe este delito como el acceso, interceptación, grabación o difusión de información personal, como fotos o videos privados, sin el consentimiento de la persona afectada. Aunque el delito de acoso sexual también fue considerado en un principio, este se caracteriza por la solicitud de favores sexuales bajo situaciones de abuso de poder, lo que no se ha confirmado en este caso.
El exfiscal de Guayas, Antonio Gagliardo, comentó que la Fiscalía probablemente calificó el hecho como violación a la intimidad debido a la falta de elementos probatorios que configuren acoso sexual. No obstante, indicó que si en el transcurso de la investigación se identifican pruebas de acoso, los cargos podrían ser modificados.
Investigación en curso
La Fiscalía ha iniciado diligencias para recolectar pruebas relacionadas con el caso, que involucra a varias víctimas, algunas de las cuales serían menores de edad. La Unidad de Investigación contra la Integridad Sexual de la Policía está colaborando con la investigación, que se maneja bajo reserva. Se espera que las investigaciones continúen y que, de ser necesario, se amplíen los cargos conforme a los elementos que vayan surgiendo.
Este caso ha generado preocupación en la sociedad sobre la privacidad y la vulnerabilidad de las personas en el contexto digital, donde la difusión no autorizada de imágenes privadas se ha convertido en un delito cada vez más relevante.
