El intento por impulsar el juicio político contra Sofía Hernández, exsuperintendenta de Economía Popular y Solidaria, no logró los votos necesarios en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, dejando el futuro del proceso en manos del pleno legislativo, que deberá decidir si lo acoge o no.
El informe borrador, elaborado por Pamela Aguirre, presidenta de la comisión, recomendaba el enjuiciamiento de la exfuncionaria por presunto incumplimiento de funciones relacionadas con el control y supervisión de cooperativas de ahorro y crédito, cajas comunales y otras entidades del sector financiero popular y solidario.
A pesar de que el documento sostenía que el juicio político planteado por el asambleísta Xavier Jurado Bedrán (ADN) cumple con los requisitos establecidos por la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no fue aprobado por falta de consenso entre los integrantes de la mesa legislativa.
El proceso sigue en el pleno
Aunque el informe no recibió apoyo en la comisión, esto no detiene el juicio político. Según lo dispuesto por la ley, el pleno de la Asamblea puede conocer el caso de todas formas y decidir si lo admite o no. Para que eso ocurra, se requiere una mayoría absoluta de al menos 70 votos.
El proceso contra Hernández se basa en la supuesta omisión en el control de entidades del sistema financiero solidario, lo que, según los proponentes, habría generado vulnerabilidades dentro de un sector que involucra a miles de ciudadanos y pequeñas economías familiares.
Posturas divididas en la Asamblea
La falta de respaldo en la comisión refleja divisiones políticas en torno al caso. Mientras que algunos bloques argumentan que el juicio tiene fundamentos jurídicos claros, otros sostienen que no existen pruebas suficientes para responsabilizar directamente a Hernández por irregularidades ocurridas durante su gestión.
Desde el oficialismo, se ha insistido en que el proceso cumple con todos los requisitos legales y que debe ser considerado en el pleno sin dilaciones. Por su parte, algunos legisladores de oposición han pedido mayor rigurosidad y objetividad en la evaluación de las pruebas.
La votación en el pleno aún no tiene fecha definida, pero se espera que se aborde en las próximas semanas, en un contexto político marcado por debates sobre el control institucional y la fiscalización de autoridades pasadas.
