El pleno de la Asamblea Nacional debatirá este miércoles, 5 de diciembre de 2024, un informe que propone declarar «ilegítima» la deuda contraída por el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través del acuerdo firmado en abril de 2024. En este documento, elaborado por la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, también se sugiere que se inicie un proceso de juicio político contra el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega. El informe de 169 páginas analiza diversos aspectos del acuerdo con el FMI y hace 18 recomendaciones clave.
Una de las principales propuestas es que la Asamblea Nacional declare que el acuerdo carece de validez debido a que no fue aprobado por el pleno legislativo, lo que se considera un incumplimiento de la Constitución de Ecuador. Además, el informe destaca que el Gobierno de Daniel Noboa no cumplió con los requisitos constitucionales para informar sobre los tratados firmados, como el acuerdo con el FMI, que debería haber sido discutido y aprobado por los legisladores antes de su firma.
El informe resalta que el préstamo otorgado por el FMI a Ecuador no tiene como objetivo financiar proyectos sociales o de infraestructura, sino que está destinado a cubrir la deuda acumulada por préstamos anteriores del FMI y otros acreedores externos. Asimismo, se cuestiona la viabilidad del acuerdo, señalando que sus condiciones imponen reformas laborales y financieras que afectan la soberanía nacional.
Entre las conclusiones más críticas, el informe de la Comisión de Transparencia sostiene que el acuerdo con el FMI viola varios derechos fundamentales de los ecuatorianos, incluidos los derechos económicos y sociales. Además, denuncia que las reformas propuestas perjudican el acceso a la salud, el trabajo y la educación, e incluso promueven políticas extractivistas que afectan los territorios de las comunidades indígenas.
El informe también critica el hecho de que el Gobierno ecuatoriano no ha presentado un análisis detallado de las consecuencias económicas y sociales de medidas como la eliminación de los subsidios a la gasolina y el diésel. La Comisión de Transparencia cuestiona si los ahorros derivados de estas medidas serán utilizados para aumentar la inversión social, tal como lo prometió el Ejecutivo.
En relación con la soberanía nacional, el informe señala que el acuerdo con el FMI es incompatible con los principios de independencia económica, política y alimentaria establecidos en la Constitución. Además, se considera que las condiciones impuestas por el FMI son una forma de colonialismo político, ya que afectan las decisiones soberanas de Ecuador en áreas clave como el sistema de seguridad social, los derechos laborales y el acceso a la cultura.
Otro punto clave es el cobro de sobretasas y recargos por parte del FMI, lo que se considera inapropiado e injustificable, especialmente dado el contexto de recesión mundial y las dificultades económicas derivadas de la pandemia. Según el informe, Ecuador, siendo uno de los países más endeudados con el FMI, debería exigir la condonación de estos recargos.
Como parte de las recomendaciones, la Comisión de Transparencia sugiere que la Asamblea Nacional active los mecanismos para declarar la inconstitucionalidad del acuerdo, dado que no fue aprobado por el pleno legislativo, como lo exige la Constitución. Además, se insta al Gobierno de Daniel Noboa a que se abstenga de pagar los desembolsos derivados de este acuerdo y se le pide al FMI que eliminen o condonen las sobretasas que afectan a Ecuador.
Aunque el informe contiene varias propuestas que podrían tener un impacto significativo en las políticas económicas del país, es importante señalar que las resoluciones de la Asamblea Nacional no son vinculantes para el Ejecutivo. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, las resoluciones que instan al presidente a tomar alguna acción o decisión no tienen carácter obligatorio.
El debate sobre el acuerdo con el FMI y sus implicaciones sigue siendo un tema candente en la política ecuatoriana, y las conclusiones de la Comisión de Transparencia abren un nuevo capítulo en la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre la gestión de la deuda pública y la soberanía económica del país.
