La Asamblea Nacional abordará esta semana el segundo informe del proyecto económico urgente destinado al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que introduce incentivos tributarios para quienes realicen donaciones. La iniciativa, enviada por el presidente Daniel Noboa el pasado 30 de septiembre, permitirá a los contribuyentes deducir del impuesto a la renta hasta un 30 % del valor de las donaciones efectuadas durante el ejercicio fiscal de 2025.
El proyecto contempla donaciones tanto de contribuyentes nacionales como de organismos internacionales, siempre que estas últimas estén respaldadas por convenios de cooperación. Los recursos donados incluyen bienes muebles o inmuebles, equipamiento y suministros nuevos en óptimas condiciones, destinados a fortalecer la seguridad interna, el mantenimiento del orden público, la defensa nacional y la protección integral del Estado. Productos perecibles no califican para este beneficio tributario.
El mecanismo está diseñado para que las donaciones no generen devolución de impuestos, sino que se apliquen como rebaja sobre el impuesto a la renta causado. De aprobarse, el beneficio será vigente desde el día siguiente a la publicación de la ley en el Registro Oficial.
El presidente Noboa justifica la urgencia de la normativa por la situación crítica de seguridad en Ecuador, que impacta la economía y la estabilidad social. Según datos de la Dirección de Estadísticas y Economía de la Seguridad (DEES) del Ministerio del Interior, las provincias de Guayas, El Oro, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y Sucumbíos concentran más del 59 % de los hechos violentos, con presencia de grupos armados que desafían la autoridad estatal y afectan el tejido institucional.
“Nuestro país enfrenta un deterioro sin precedentes en seguridad ciudadana. Es necesario que la Policía y las Fuerzas Armadas cuenten con mayor presencia territorial y recursos logísticos, tecnológicos y humanos para enfrentar la criminalidad organizada”, afirmó Noboa al presentar el proyecto.
El informe del proyecto detalla que los incentivos buscan promover la corresponsabilidad social, incentivar la participación del sector privado y movilizar la solidaridad nacional para fortalecer la seguridad y la defensa del orden democrático. Además, se busca garantizar la estabilidad económica, evitando que la inseguridad afecte la continuidad de la actividad productiva.
El texto en discusión consta de cuatro artículos, una disposición reformatoria, dos disposiciones generales, una transitoria, dos derogatorias y una disposición final, y necesita al menos 77 votos para ser aprobado en su segundo debate antes del 1 de noviembre.
Con este mecanismo, se espera que Ecuador logre aumentar los recursos destinados a las fuerzas del orden, mejorar la seguridad ciudadana y combatir con mayor eficacia a las organizaciones criminales que operan en el país.
