La Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos y Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional volverá a insistir en la comparecencia de varios ministros y autoridades del Estado para esclarecer los hechos relacionados con la explosión ocurrida el 4 de junio de 2025 en la Bahía de Guayaquil, específicamente en las calles Eloy Alfaro y Ayacucho.
El organismo legislativo, conformado mayoritariamente por asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC), había citado para la tarde del martes 28 de octubre de 2025 a los ministros del Interior, John Reimberg; de Gobierno, Zaida Rovira; y de Defensa, Gian Carlo Loffredo. También estaban convocados el comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila; el fiscal provincial del Guayas, René Astudillo; el director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Pedro Abril; y la fiscal Maryorie Escobar. Sin embargo, ninguno de los funcionarios acudió a la sesión.
La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, fue una de las pocas autoridades que justificó su ausencia mediante un oficio, argumentando que tenía compromisos institucionales impostergables. De igual forma, el fiscal subrogante, Leonardo Alarcón, justificó la inasistencia del fiscal provincial René Astudillo, alegando que la convocatoria fue realizada con escaso tiempo de antelación. Además, recordó que la Fiscal General del Estado tiene la potestad de delegar funciones según las necesidades del organismo.
El resto de convocados no presentó ninguna justificación formal, lo que generó molestia dentro de la comisión.
El presidente de la mesa, Jaime Estrada, expresó su preocupación por la falta de colaboración de las instituciones del Ejecutivo y advirtió que la fiscalización no debe quedar bajo control del oficialismo, como —según dijo— ha ocurrido en otros procesos.
“Nos preocupa que los temas de fiscalización queden en manos de mesas dominadas por el oficialismo, lo que limita el ejercicio del control político”, manifestó Estrada durante la sesión.
Los legisladores de la Revolución Ciudadana, Verónica Íñiguez, Roque Ordóñez y Comps Córdova, rechazaron con firmeza la inasistencia de los ministros y solicitaron al presidente de la comisión que renueve las convocatorias con suficiente antelación. Estrada confirmó que los funcionarios serán citados nuevamente en los próximos días.
Este proceso de fiscalización se abrió tras la difusión de un video en el que se observa a un vehículo Porsche Cayenne, con placa registrada a nombre de Industrial Molinera, estacionado frente a la vivienda donde fue detenido Iván B., principal investigado por la explosión que dejó varios heridos y daños materiales en el sector comercial de la Bahía.
La comisión busca esclarecer por qué la Fiscalía decidió abstenerse de acusar al sospechoso, pese a que existían evidencias entregadas por la empresa pública Segura EP, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Los asambleístas pretenden determinar si hubo omisiones o irregularidades en el manejo judicial y administrativo del caso.
El hecho ocurrido en junio generó alarma en Guayaquil por su magnitud y por las sospechas de vínculos con redes delictivas. La Asamblea Nacional, a través de esta comisión, pretende garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la investigación, que aún se mantiene abierta.
Con el nuevo llamado, el Legislativo busca reforzar su papel de control político y exigir que las autoridades comparezcan para explicar sus actuaciones frente a un suceso que conmocionó al país.
