Juanita Goebertus, directora para América de Human Rights Watch (HRW), criticó abiertamente la gestión de seguridad del gobierno de Daniel Noboa, al calificarla como ineficaz para enfrentar el crimen organizado. Durante su visita a Ecuador, Goebertus ha podido constatar de primera mano el creciente nivel de violencia y las violaciones a los derechos humanos, preocupada por la falta de medidas efectivas en la administración de justicia.
El llamado «plan Fénix» lanzado por el gobierno, que se centra en la militarización del país, no ha logrado avanzar en la capacidad de investigación judicial y técnica. Según Goebertus, lo que se observa en el país es una «militarización del conflicto», más que un verdadero fortalecimiento de las instituciones judiciales, lo que está ocasionando un aumento en las violaciones de derechos humanos. La directora de HRW señaló que el enfoque de militarización no ha sido capaz de contrarrestar el crimen organizado, sino que ha incrementado las denuncias de abusos por parte de las fuerzas de seguridad, lo que empeora la situación de desprotección ciudadana.
Crisis de Violencia y Derechos Humanos
La situación en Ecuador es alarmante. En 2024, el país registra la tasa más alta de homicidios de América Latina, con un incremento de más del 400 % en los últimos cinco años. A pesar de que se espera una leve reducción de los homicidios este año en comparación con 2023, otros crímenes como la extorsión y el secuestro siguen en aumento. La Fiscalía ha reportado más de 5,800 homicidios este año, así como graves denuncias de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas.
En este contexto, Goebertus destacó que, en lugar de mejorar la justicia, lo que está sucediendo es una erosión del Estado de Derecho. La fiscalía, los jueces y otros operadores de justicia están siendo víctimas de amenazas y asesinatos. Desde 2022, al menos 15 jueces y fiscales han sido asesinados, y más de 600 vacantes de personal clave en la Fiscalía aún no se han cubierto, lo que pone en evidencia la fragilidad institucional para hacer frente al crimen organizado.
Desprotección y Crítica al Gobierno
Goebertus también reflexionó sobre el ambiente de represión hacia quienes critican al gobierno de Noboa. Señaló que la situación de persecución de líderes sociales y periodistas recuerda a los métodos autoritarios del gobierno de Rafael Correa. Según la directora de HRW, la estrategia del gobierno para desmantelar el crimen organizado se centra en la militarización, sin tomar en cuenta la necesidad urgente de fortalecer el sistema judicial y las capacidades de investigación.
“Lo que hemos observado es una falta de inversión en la infraestructura judicial necesaria para desmantelar realmente las organizaciones criminales. A pesar de los esfuerzos para combatir la violencia, los crímenes relacionados con el narcotráfico y las mafias continúan controlando diversas regiones del país”, aseguró.
Crisis Carcelaria y Fallos en la Estrategia de Seguridad
Otro aspecto que Goebertus abordó fue la crisis en las cárceles de Ecuador, donde el crimen organizado sigue creciendo. En los últimos años, más de 600 personas han muerto dentro de los penales debido a la violencia entre bandas criminales, y el plan del gobierno de militarizar las cárceles no ha mostrado resultados concretos. HRW denuncia que la corrupción dentro del sistema penitenciario también ha afectado gravemente los esfuerzos para restaurar el orden en estos centros.
La solución no es solo militarizar, sino transformar de manera estructural la administración penitenciaria y fortalecer las instituciones de justicia, para que puedan hacer frente de manera efectiva al crimen organizado.
Críticas al Enfoque de Derechos Humanos
Además, Goebertus hizo énfasis en la importancia de respetar los derechos humanos incluso cuando se lucha contra el crimen organizado. En muchos casos, personas inocentes pueden ser involucradas sin el debido proceso, lo que socava la confianza en el sistema de justicia. «El gobierno necesita garantizar un proceso judicial claro y transparente para evitar abusos y violaciones de derechos fundamentales», afirmó.
