La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, manifestó su profunda preocupación por el reciente bloqueo de cuentas bancarias a líderes y organizaciones sociales en Ecuador, una medida que se registró durante el paro nacional convocado por movimientos indígenas y colectivos sociales en septiembre de 2025.
En un mensaje difundido a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), Goebertus afirmó: “Manifestamos preocupación por los recientes bloqueos de cuentas bancarias que afectan a líderes y organizaciones sociales. Es esencial que se garantice transparencia sobre los motivos que justificaron estas decisiones y se respete el derecho a la defensa”.
La alerta de HRW surge tras las denuncias de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, que reportó que varias entidades sociales vieron congelados sus fondos durante las movilizaciones nacionales. Según estos colectivos, esta medida no solo limita su capacidad operativa, sino que también vulnera derechos fundamentales como la libre asociación.
Medios locales como Fundamedios y Wambra detallaron que entre las organizaciones afectadas se encuentran Alianza Ceibo y varias fundaciones enfocadas en la defensa ambiental y de derechos colectivos. Los bloqueos habrían ocurrido sin notificación previa ni justificación formal, impidiendo el acceso a recursos esenciales para el funcionamiento de estas entidades.
Estos acontecimientos coinciden con las protestas lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y otros grupos sociales, quienes rechazaron la eliminación del subsidio al diésel y otras medidas económicas adoptadas por el gobierno.
Además, dirigentes comunitarios y defensores de derechos humanos denunciaron haber sido objeto de persecución y criminalización mediante el inicio de investigaciones judiciales, lo que aumenta la preocupación sobre la protección de los derechos civiles en el país.
Expertos y observadores internacionales insisten en la importancia de que el Estado ecuatoriano garantice la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales, asegurando que ninguna medida administrativa limite la capacidad de acción de las organizaciones sociales y sus líderes.
