El presidente Daniel Noboa implementó un mecanismo de compensación para transportistas tras el aumento del precio del galón de diésel a $2,80, y declaró que la información relacionada será de carácter confidencial. La medida afecta tanto al registro de beneficiarios del programa Jóvenes en Acción como a los transportistas que reciben compensaciones tras la eliminación del subsidio al diésel.
El 10 de octubre de 2025, el ministro de Transporte e Infraestructura, Roberto Luque, firmó dos instructivos para regular la ejecución de ambos programas. Esta acción se enmarca dentro del Decreto Ejecutivo 180, que establece la entrega mensual de compensaciones a vehículos comerciales de carga pesada y liviana, transporte mixto y escolar.
Entre los lineamientos más importantes, el artículo 3 del decreto establece la confidencialidad de la información. Según el documento:
«Los datos, información y/o documentación manejados en este procedimiento son de carácter confidencial. Los servidores públicos deben gestionarlos con absoluta reserva y no divulgarlos ni utilizarlos con fines distintos al cumplimiento del procedimiento. Cualquier intento de acceso, modificación o daño de la información será considerado falta grave y estará sujeto al régimen disciplinario. Los servidores públicos designados deben firmar previamente un acuerdo de confidencialidad.»
Actualmente, el Gobierno nacional administra 20 proyectos bajo lo que denomina “programa de redistribución de recursos”, que incluye incentivos económicos para 23.300 beneficiarios del sector transporte, el bono ‘raíces’, el plan de nuevo transporte, entre otros.
Por su parte, el programa Jóvenes en Acción, dirigido a personas entre 18 y 29 años, entrega un bono mensual de $400. Su segunda fase de cobertura arrancará el 1 de noviembre, vinculando a los beneficiarios con actividades en instituciones públicas.
Un ejemplo de esto es el instructivo emitido por la Secretaría de Gestión de Riesgos, que detalla que los jóvenes se integrarán a equipos de trabajo en zonas con riesgo de inundaciones, acumulación de agua o deslizamientos de tierra. Estas acciones buscan potenciar la participación ciudadana y brindar apoyo en áreas estratégicas del territorio nacional.
El Gobierno ha enfatizado que toda la información vinculada a los programas de compensación y beneficios sociales será manejada con estricta reserva, como parte de las medidas para garantizar la seguridad de los datos y la transparencia en la administración pública.
