Una trágica y espeluznante escena fue descubierta la mañana del sábado 31 de mayo en Montecristi, provincia de Manabí. Cinco cuerpos completamente calcinados fueron hallados en una zona boscosa de la Ruta del Spondylus, entre los sectores del río Caña y la entrada a Pile. Las primeras investigaciones apuntan a que las víctimas pertenecían a una misma familia, incluyendo un menor de edad.
De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, los fallecidos habían salido desde su domicilio el viernes 30 de mayo alrededor de las 14:00. Su destino era un sitio donde realizarían trabajos de instalación eléctrica, específicamente la conexión de un transformador. Sin embargo, al no regresar en el tiempo previsto, sus familiares comenzaron a preocuparse y procedieron a denunciar la desaparición.
Horas más tarde, las autoridades encontraron una camioneta incinerada en el lugar del hallazgo, lo que hizo suponer desde el inicio que las víctimas fueron quemadas junto con el vehículo. Agentes de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) acudieron a la zona para levantar los cuerpos y recolectar indicios que ayuden a esclarecer el crimen.
“La brutalidad de este caso ha conmocionado a la comunidad. Las víctimas no tenían antecedentes penales ni vínculos aparentes con grupos delictivos”, comentó un portavoz de la Policía. No obstante, se manejan varias hipótesis, entre ellas la posibilidad de que se trate de un ajuste de cuentas o una confusión por parte de bandas criminales que operan en la zona.
La Gobernación de Manabí y la Fiscalía General del Estado ya han iniciado una investigación conjunta, y no se descarta la colaboración de unidades especializadas nacionales. La violencia en esta provincia ha ido en aumento en los últimos meses, especialmente en zonas rurales y sectores cercanos a la costa.
Según cifras del Observatorio de Seguridad de Manabí, entre enero y mayo de 2025 se han registrado más de 120 homicidios, muchos de ellos relacionados con el crimen organizado. Este nuevo caso vuelve a poner en evidencia la urgente necesidad de reforzar la seguridad y el control territorial en sectores considerados de alto riesgo.
Familiares de las víctimas exigen justicia y mayor acción por parte del Estado. “Ellos solo salieron a trabajar. No tenían enemigos. Lo que pasó es inhumano”, dijo un allegado, visiblemente afectado.
