La madrugada del 26 de noviembre de 2024, un operativo de seguridad realizado por la Unidad Nacional de Control Fronterizo en el Control Integrado de Tababuela, en la provincia de Imbabura, permitió la incautación de una gran cantidad de material explosivo. Se trató de 5.700 cápsulas y 3.000 metros de cordón detonante que eran transportados ilegalmente en un bus interprovincial.
El vehículo, que había partido desde Huaquillas, en la provincia de El Oro, tenía como destino final la ciudad de Tulcán, en la frontera norte de Ecuador, cerca de Colombia. Según las autoridades, el cargamento estaba escondido en uno de los compartimentos del equipaje del autobús.
Luis Barrionuevo, comandante de la Policía de la Zona 1, informó que este hallazgo se produjo gracias a un control rutinario en la zona fronteriza. Los explosivos estaban embalados en tres cajas, con destino a la ciudad de Tulcán, y se sospecha que podrían ser utilizados para actos violentos, extorsiones o en actividades ilegales relacionadas con la minería.
Israel Yánez, jefe operativo del Control de Tababuela, explicó que se tomaron medidas inmediatas tras el descubrimiento. Todos los pasajeros del autobús fueron evacuados mientras los agentes intentaban rastrear al dueño de la carga peligrosa o algún custodio que pudiera haber viajado con ella. Se iniciaron investigaciones adicionales para revisar las cámaras de seguridad del vehículo y así identificar posibles sospechosos que pudieran haber entregado la encomienda.
A pesar de que aún se manejan varias hipótesis sobre el destino de los materiales, se considera probable que estuvieran destinados a grupos delictivos organizados en Colombia o a bandas locales dedicadas a actividades ilegales en Ecuador. Se especula que los explosivos podrían haber sido empleados en actos de terrorismo, extorsiones contra negocios o incluso en operaciones de minería informal.
La policía también advirtió que en los últimos meses se ha incrementado el uso de explosivos por parte de los grupos delincuenciales en Ecuador. Estos grupos, conocidos como GDO, utilizan las cápsulas y el cordón detonante para intimidar a comerciantes, obligándolos a pagar las llamadas «vacunas extorsivas». Barrionuevo afirmó que este tipo de delitos está generando gran preocupación en las autoridades locales.
Con la detención de los dos conductores del autobús y el auxiliar, las investigaciones continúan para determinar la cadena de responsables detrás de este peligroso transporte. Además, las autoridades están reforzando las medidas de control en la zona fronteriza para evitar que estos materiales lleguen a manos equivocadas. La policía no descarta la posibilidad de que estos explosivos fueran parte de un envío más grande que podría haberse destinado a una organización criminal más amplia.
El caso subraya la creciente preocupación por el aumento de la criminalidad en la zona norte de Ecuador, donde las autoridades intensifican sus esfuerzos para frenar el avance de las organizaciones delictivas que amenazan la seguridad y la estabilidad de la región.
