El Gobierno del Ecuador informó este domingo, 19 de octubre, que no existen las condiciones necesarias para continuar con el proceso de diálogo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). La decisión se da en el contexto del paro que cumple cinco semanas en la provincia de Imbabura, con bloqueos viales activos en varias regiones del país.
A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo declaró que “no cederá ante imposiciones que rompen la palabra de lo acordado previamente”, refiriéndose a las nuevas demandas presentadas por representantes del movimiento indígena. El Gobierno argumentó que dichas exigencias “alteran los términos previamente acordados, cambian los actores que intervenían en el diálogo y vulneran los compromisos construidos con responsabilidad y buena fe”.
El texto enfatizó que, pese a los compromisos asumidos en rondas anteriores de negociación, las carreteras aún no han sido despejadas y las manifestaciones continúan generando afectaciones al tránsito y a la seguridad ciudadana. “Las vías no han sido liberadas, los manifestantes no se han retirado y persisten acciones violentas; por tanto, no se ha cumplido lo acordado”, precisó el comunicado difundido por el Ministerio de Gobierno.
El Ejecutivo reiteró su postura de mantener el orden público y proteger los derechos de los ciudadanos. “El Gobierno no aceptará presiones ni chantajes; actuará con firmeza, dentro del marco de la ley, para garantizar los derechos de la mayoría de ecuatorianos que quieren vivir en paz”, señaló el pronunciamiento.
Hasta el momento, no se ha anunciado una nueva fecha para retomar las negociaciones entre el Gobierno y la Conaie. La falta de avances ha generado preocupación en distintos sectores sociales y económicos, especialmente en las provincias del norte, donde las protestas han provocado pérdidas productivas y dificultades en el transporte de bienes y personas.
Por su parte, la Conaie mantiene su exigencia principal: la derogatoria del Decreto Ejecutivo No. 126, que eliminó el subsidio al diésel. La organización sostiene que esta medida afecta directamente a las comunidades rurales y a los sectores más vulnerables del país. Además, ha reiterado su disposición al diálogo, pero solo si el Gobierno demuestra apertura para revisar las políticas económicas que afectan al campo y a los pueblos originarios.
El impasse político entre el Ejecutivo y los movimientos indígenas refleja una creciente tensión social en el país, marcada por la desconfianza mutua y la falta de consenso sobre las medidas económicas. Mientras tanto, la ciudadanía permanece a la expectativa de una posible salida negociada que permita recuperar la estabilidad y la normalidad en las vías del país.
