Gobierno de Ecuador podría declarar estado de excepción en Sucumbíos y Orellana por aumento de violencia
Las provincias de Sucumbíos y Francisco de Orellana, ubicadas en la región amazónica de Ecuador, se encuentran bajo consideración para ser incluidas en un estado de excepción debido al aumento de muertes violentas y otros delitos que han afectado a estas jurisdicciones en los últimos meses. La medida sería aplicada como respuesta a la creciente preocupación por la inseguridad en estas áreas fronterizas, que han sido escenario de múltiples homicidios y actos delictivos vinculados a grupos criminales.
El anuncio fue realizado por el ministro de Gobierno, Arturo Félix, quien en su reciente visita a Esmeraldas, acompañando al presidente Daniel Noboa en la entrega de asignaciones para obras públicas, confirmó que las autoridades están evaluando las condiciones para presentar esta solicitud ante el Ejecutivo. El ministro solicitó el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para sustentar esta medida extraordinaria, que busca frenar la violencia que azota a las dos provincias amazónicas.
Violencia y muertes en Sucumbíos: un panorama alarmante
En Sucumbíos, el cantón Lago Agrio ha sido uno de los más afectados por la violencia, con un incremento notable de homicidios en el reciente feriado de noviembre. En este contexto, las autoridades locales han solicitado una declaración parcial del estado de excepción en la localidad para mejorar las condiciones de seguridad. El comité de seguridad de Lago Agrio propuso la implementación de operativos conjuntos entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, buscando una respuesta más eficaz frente a la criminalidad en la región.
Stalin Gallegos, jefe del distrito policial de Lago Agrio, detalló que los crímenes recientes parecen estar relacionados con el narcotráfico y otras actividades ilegales. Según Gallegos, los homicidios no responden a robos comunes ni a asaltos, sino que estarían vinculados al accionar de grupos armados organizados, que operan en esta región fronteriza. En este sentido, las autoridades han intensificado los esfuerzos preventivos, investigativos e inteligencia para desmantelar estas redes criminales.
Un aumento en los crímenes en la región fronteriza
Entre los casos más recientes, se destacan los seis asesinatos ocurridos en Llurimagua, una localidad de la parroquia El Eno, en la que las investigaciones preliminares sugieren que los crímenes fueron producto de rencillas o actividades ilícitas específicas. Sin embargo, el panorama se volvió aún más grave cuando, el sábado 9 de noviembre, un hombre fue asesinado en Shushufindi, durante un apagón programado en el sector. El crimen, que ocurrió en la calle Juan Montalvo y Francisco de Orellana, fue presenciado por los habitantes del área, quienes informaron sobre los disparos que terminaron con la vida de la víctima. La falta de electricidad en ese momento dificultó la visibilidad del cuerpo, lo que hizo que el homicidio fuera menos perceptible en la zona.
Además, otro asesinato tuvo lugar el 7 de noviembre en Lago Agrio, donde un joven perdió la vida en una cancha de un parque en el barrio Julio Marín. Ese mismo día, durante un operativo militar, se detuvieron a dos personas que viajaban en una camioneta con $120,000 en efectivo, cuya procedencia aún no ha sido aclarada.
Operativos de seguridad en Sucumbíos y Orellana
Ante el aumento de la violencia en la región, las autoridades están reforzando la presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en Sucumbíos y Orellana. La posibilidad de declarar un estado de excepción busca garantizar la seguridad de los habitantes, a través de la implementación de operativos de control y el fortalecimiento de la presencia estatal en estos territorios, donde la actividad delictiva ha aumentado considerablemente.
El ministro de Gobierno, Arturo Félix, destacó la importancia de una acción coordinada entre los cuerpos de seguridad para enfrentar la creciente amenaza de los grupos delictivos que operan en la zona. La medida, que podría incluir el toque de queda y restricciones a la movilidad, sería una respuesta directa a los crímenes violentos que han generado temor entre los residentes de estas provincias.
