El Gobierno ecuatoriano avanza en su plan de implementar un nuevo modelo de control penitenciario en la Cárcel del Encuentro, el centro de máxima seguridad que reemplaza a La Roca y que fue inaugurado el pasado 10 de noviembre en Santa Elena. La decisión de incorporar personal en servicio pasivo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ha generado debate entre especialistas en seguridad y crimen organizado.
El ministro del Interior, John Reimberg, informó que este nuevo penal alberga a 300 reclusos considerados de alta peligrosidad, entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas, y que el Gobierno busca evitar los errores del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI).
“He solicitado a la Asamblea la aprobación de una ley para seleccionar personal en servicio pasivo de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Se trata de funcionarios con una carrera intachable y sin antecedentes disciplinarios”, señaló Reimberg en una entrevista radial.
El ministro explicó que los aspirantes deberán superar procesos de selección, verificación y capacitación antes de ser incorporados. Sin embargo, expertos en materia de seguridad consideran que esta medida no sería suficiente para garantizar la transparencia y eficacia del control carcelario.
La especialista en crimen organizado transnacional, Michelle Maffei, advirtió que “hubiese tenido sentido incluir a la fuerza pública antes de detectarse vínculos con el crimen organizado”. Para la catedrática, lo ideal sería crear un cuerpo independiente del SNAI, Policía y Fuerzas Armadas, conformado por personal altamente capacitado.
“Se necesita un equipo técnico ecuatoriano que comprenda cómo operan los grupos delictivos nacionales. El proceso de selección debe incluir un análisis profundo del historial profesional y pruebas de confianza frecuentes, más allá del polígrafo”, enfatizó Maffei.
Además, propuso que los futuros guías penitenciarios cuenten con formación universitaria avanzada en criminología o seguridad, reciban salarios competitivos y sigan protocolos que limiten el contacto con los internos. “Para evitar la corrupción, no se puede pagar un salario mínimo; deben recibir una remuneración acorde al riesgo que asumen”, agregó.
Por su parte, el coronel en servicio pasivo Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Ejército, sostuvo que el personal debería recibir formación especializada, preferiblemente en el extranjero.
“No basta con seleccionar a militares o policías retirados. Se requiere un curso integral de al menos un año o año y medio que los faculte como guías penitenciarios. Este proceso debe estar libre de injerencias políticas”, señaló.
Pazmiño propuso además la creación de una escuela de formación penitenciaria con estándares internacionales y la conformación de un comité carcelario multidisciplinario integrado por criminólogos, sociólogos, expertos en crisis y rehabilitación social.
“Si se busca una verdadera transformación, esta cárcel debe ser administrada por un equipo técnico con visión humanista y estratégica. La rehabilitación y reinserción social deben ser pilares centrales”, subrayó.
Ambos expertos coinciden en que no se deben repetir las prácticas del SNAI ni los modelos fallidos de otros centros penitenciarios. Recomiendan clasificar a los reclusos según su nivel de peligrosidad y limitar las jornadas de los guías a no más de cuatro horas por turno para evitar vínculos con los internos.
Maffei insistió en que los anillos de seguridad del nuevo penal deben impedir cualquier comunicación hacia el exterior y garantizar un control absoluto de las actividades.
Con la Cárcel del Encuentro, el Gobierno ecuatoriano busca recuperar el control de los centros penitenciarios, duramente golpeados por la violencia carcelaria de los últimos años. No obstante, especialistas advierten que sin una reforma estructural y una capacitación sólida, la historia del SNAI podría repetirse bajo otro nombre.
