En medio de las crecientes protestas en la Amazonía ecuatoriana, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) ha adjudicado la construcción de una nueva cárcel en Archidona, en la provincia de Napo. Este proyecto tiene un presupuesto referencial de 51,97 millones de dólares, cifra que fue establecida por el Gobierno del presidente Daniel Noboa. La adjudicación se realizó bajo un régimen especial y fue oficializada el 10 de diciembre.
El director del SNAI, Luis Zaldumbide, lideró el proceso de adjudicación del contrato para la construcción y equipamiento de la nueva prisión, en un contexto donde la población penitenciaria en el país ha crecido considerablemente. La justificación del Gobierno para este nuevo centro de reclusión se basa en el aumento del número de personas privadas de libertad, especialmente aquellas que pertenecen a grupos vulnerables, como personas con discapacidades físicas o mentales. Sin embargo, debido al hacinamiento en las cárceles actuales, estas necesidades no están siendo cubiertas adecuadamente.
El anuncio de la adjudicación se da en medio de intensas protestas en la región amazónica, donde organizaciones sociales e indígenas se oponen a la construcción de la cárcel en Napo. Las movilizaciones de la Asamblea Popular en Defensa de la Amazonía han continuado durante varios días, con las seis nacionalidades de Pastaza declarando su resistencia y lucha contra el proyecto. Los manifestantes argumentan que la construcción de la cárcel no solo es innecesaria, sino que podría tener efectos negativos en el entorno y las comunidades locales.
La adjudicación de la obra se realizó bajo un proceso reservado, por lo que aún no se ha revelado el nombre de la empresa que llevará a cabo la construcción. Sin embargo, se sabe que el contrato se adjudicó a través de un modelo de contratación con empresas internacionales, lo que ha generado aún más críticas en algunos sectores. El plazo de ejecución de la obra es de 300 días, y el financiamiento incluye un anticipo del 40 % y el saldo del 60 % una vez que se alcance el progreso acordado.
Paralelamente, en la provincia de Santa Elena se sigue adelante con la construcción de una megacárcel, que también ha generado controversia. La cárcel de Santa Elena, que se está levantando entre las comunas Juntas del Pacífico y Bajada de Chanduy, presentaba un avance del 30 % hasta octubre de 2024. Aunque esta megacárcel ha sido una respuesta a la creciente demanda de espacios penitenciarios, su construcción ha sido igualmente rechazada por algunos grupos, que consideran que se debería buscar una solución diferente al problema del hacinamiento en las cárceles.
Por su parte, el Ministerio del Interior y el SNAI defienden la necesidad de estas obras, destacando que la infraestructura penitenciaria del país no ha estado a la altura de las demandas del sistema judicial y de derechos humanos. No obstante, las críticas por la ubicación y la viabilidad de estos proyectos continúan sumando apoyo entre las comunidades afectadas, quienes temen que la construcción de nuevas cárceles no resuelva los problemas de fondo relacionados con el sistema penitenciario del país.
A pesar de los desacuerdos y las protestas, el Gobierno sigue adelante con sus planes para construir nuevas prisiones, y la resistencia de las comunidades amazónicas parece no amedrentar las decisiones en torno a este tipo de infraestructura.
