El reciente operativo policial que terminó con la detención de Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, en Montecristi, Manabí, ha revelado un elemento alarmante: uno de los capturados es un funcionario de tránsito de la ciudad de Manta, quien habría sido pieza fundamental en las operaciones delictivas del líder de Los Choneros.
Cristhian M., quien actualmente ostenta el cargo de supervisor general de Procesos Administrativos en la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Manta (EPMM), ha sido señalado como un supuesto lugarteniente de alias Fito. Las autoridades detallaron que este servidor público mantenía una posición estratégica dentro de la estructura institucional, lo que habría facilitado el movimiento logístico y operativo del cabecilla criminal.
El papel del funcionario dentro del grupo criminal
De acuerdo con información revelada este jueves, Cristhian M. no es un funcionario cualquiera. En el pasado, ocupó cargos clave como subdirector operativo y subdirector de Transporte Terrestre, lo que le otorgó un conocimiento profundo del sistema de movilidad urbana y acceso a información sensible sobre rutas, operativos, y personal de tránsito.
La Policía Nacional señaló que su participación habría sido crucial para el desplazamiento de alias Fito sin levantar sospechas, particularmente en las últimas semanas, cuando el líder criminal se mantenía prófugo y bajo fuerte presión de las fuerzas de seguridad.
Detalles del operativo y detenciones
El arresto de Fito se dio durante un despliegue táctico realizado en Montecristi, donde también fueron capturadas cuatro personas más, entre ellas el mencionado funcionario. Este operativo es parte de una ofensiva más amplia contra el crimen organizado, liderada por el Bloque de Seguridad del Gobierno Nacional.
Las autoridades investigan ahora la posible red de complicidades dentro de otras instituciones públicas, lo que podría evidenciar una penetración mayor del crimen organizado en el aparato estatal.
Reacciones y consecuencias
El alcalde de Manta, Agustín Intriago, solicitó públicamente una auditoría interna para esclarecer posibles responsabilidades y evaluar los protocolos de contratación y supervisión del personal. “No permitiremos que nuestras instituciones se contaminen con estructuras criminales”, declaró.
Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación formal contra los cinco detenidos, bajo cargos que incluyen asociación ilícita, encubrimiento y colaboración con organizaciones criminales.
Este caso ha reavivado el debate sobre la infiltración del crimen organizado en entidades municipales y la necesidad de reformas urgentes en los mecanismos de control interno.
