La lucha contra la minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana se ha intensificado. En respuesta a los graves hechos ocurridos el pasado 9 de mayo, cuando once militares fueron asesinados por presuntos miembros de los Comandos de la Frontera, las Fuerzas Armadas del Ecuador desplegaron una ofensiva aérea en la zona de Alto Punino, ubicada en la provincia de Orellana.
Durante esta nueva fase de operaciones, las fuerzas militares ejecutaron un ataque aéreo de precisión, utilizando armamento aire-tierra lanzado desde aeronaves de combate. El objetivo fue destruir maquinaria pesada utilizada para extracción ilegal de minerales, así como el campamento base donde operaban los grupos responsables de esta actividad ilícita.
Esta operación forma parte de una serie de acciones militares continuas desplegadas en la región desde el ataque mortal contra personal de las Fuerzas Armadas, un hecho que marcó un punto de quiebre en la política de seguridad en la zona fronteriza amazónica. «No permitiremos que estructuras del crimen transnacional sigan financiándose a través de la depredación ambiental y el asesinato de nuestros soldados», declaró un portavoz del Comando Conjunto.
Según inteligencia militar, los campamentos destruidos en Alto Punino estarían vinculados a organizaciones armadas transfronterizas que operan en la frontera con Colombia, como parte de redes que combinan minería ilegal, narcotráfico y tráfico de armas. Las autoridades no descartan que estos grupos estén directamente conectados con el asesinato de los uniformados en mayo.
Además de los bombardeos, las Fuerzas Armadas reportaron la inutilización de varias retroexcavadoras, motobombas y dragas utilizadas en la extracción aurífera, actividades que también han causado un grave daño ambiental en zonas protegidas de la Amazonía ecuatoriana.
El Ministerio de Defensa Nacional informó que estas acciones continuarán como parte del Plan de Intervención en Áreas de Minería Ilegal, que incluye vigilancia aérea, patrullaje terrestre, y presencia militar permanente en puntos críticos. Este tipo de minería no solo representa un grave riesgo ambiental, sino también una amenaza directa a la seguridad nacional.
Las autoridades han pedido a la población de las zonas rurales cercanas que colaboren con información que ayude a identificar rutas de abastecimiento y otros campamentos clandestinos. En paralelo, el gobierno busca reforzar la presencia institucional y fomentar alternativas económicas legales para las comunidades afectadas por el avance de la minería ilegal.
