Guayaquil, Ecuador – En un paso crucial para la seguridad del país, el Ministerio del Interior ha anunciado públicamente que acepta la invitación del Consejo de la Judicatura (CJ) para conformar una mesa de seguridad. Esta iniciativa, que busca articular el trabajo interinstitucional con la Fiscalía General del Estado, tiene un objetivo claro y contundente: asegurar que los antisociales permanezcan en la cárcel y no sean liberados con medidas sustitutivas, especialmente en casos de flagrancia.
El anuncio, realizado la noche de este lunes, 9 de junio de 2025, es una respuesta directa a la creciente preocupación ciudadana y de las propias fuerzas del orden por la facilidad con la que delincuentes, incluso capturados en flagrancia, obtienen medidas cautelares que les permiten regresar a las calles. La conformación de esta mesa de trabajo representa un compromiso firme de las principales instituciones del Estado para cerrar las puertas a la impunidad.
La problemática de las medidas sustitutivas y la liberación de presuntos delincuentes ha sido un dolor de cabeza constante para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. A pesar de los arduos operativos y las capturas, la percepción es que el sistema judicial no siempre acompaña el esfuerzo, lo que genera frustración y un ciclo de reincidencia criminal. La mesa de seguridad buscará justamente establecer mecanismos para vigilar de cerca que el detenido en delito flagrante no quede libre.
La articulación entre el Ministerio del Interior (responsable de la política de seguridad y del accionar policial), el Consejo de la Judicatura (ente rector de la Función Judicial) y la Fiscalía General del Estado (encargada de la investigación y acusación) es fundamental. Históricamente, la falta de coordinación y la discrepancia de criterios entre estas instituciones han sido señaladas como factores que favorecen la impunidad. Esta mesa de seguridad tiene el potencial de ser un espacio donde se armonicen protocolos, se intercambie información vital y se definan estrategias conjuntas para garantizar que la detención de un delincuente se traduzca en su encarcelamiento efectivo.
El compromiso del Ministerio del Interior con esta iniciativa refleja la prioridad del Gobierno en la lucha contra el crimen organizado y la violencia desbordada que vive el país. La mesa no solo se enfocará en los casos de flagrancia, sino que también deberá analizar las falencias del sistema que permiten estas liberaciones, proponiendo soluciones a nivel normativo y procesal.
La ciudadanía ecuatoriana espera que este anuncio se traduzca en acciones concretas y resultados tangibles. La seguridad no solo depende de las capturas, sino también de un sistema judicial que funcione de manera ágil, eficiente y, sobre todo, justa. La mesa de seguridad es una oportunidad para fortalecer la coordinación interinstitucional y devolver la confianza a un sistema de justicia que, en muchos casos, ha sido percibido como complaciente con la delincuencia.
