En el marco del caso Purga, el fiscal general subrogante Wilson Toainga presentó este 20 de febrero su alegato final, solicitando la condena con la pena máxima de trece años y cuatro meses de cárcel para los principales responsables de manipular el sistema de justicia en la provincia de Guayas. Los acusados son Pablo Muentes, exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Fabiola Gallardo, ex presidenta de la Corte de Guayas, y Johann Marfetán, exjuez penal de la misma provincia, quienes han sido identificados como los principales líderes de una estructura criminal que infiltró la justicia en la región.
Toainga sostuvo que las pruebas presentadas durante el juicio demuestran de manera contundente la participación activa de los tres imputados, quienes, según la Fiscalía, lideraron una red de corrupción que manipuló fallos judiciales y garantizó la impunidad a favor de ciertos intereses, afectando gravemente la administración de justicia en la provincia. Además, señaló que otras diez personas involucradas en el caso actuaron como colaboradores dentro de esta organización criminal.
La petición fue realizada ante el Tribunal de Juicio de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), presidido por la jueza Daniella Camacho, con los jueces Felipe Cordova y Marco Aguirre como miembros del tribunal. En su intervención, Toainga destacó que la evidencia recabada en el juicio ha permitido establecer la gravedad del crimen, que no solo afectó a la justicia ecuatoriana, sino también a la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.
El denominado “caso Purga” sigue siendo uno de los juicios más importantes en el país, dado el perfil de los acusados y la implicación de altos funcionarios judiciales. La Fiscalía, al presentar su alegato, resaltó que esta estructura criminal operaba con el objetivo de obtener réditos económicos y beneficios personales a costa de la manipulación de procesos judiciales.
