En el marco del caso conocido como «Caso Ligados», el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, presentó el pedido de medidas cautelares contra los involucrados Eduardo Franco Loor, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Nicole Bonifaz. Los cuatro, exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), están siendo investigados por su presunta participación en el delito de asociación ilícita, tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal.
Toainga solicitó medidas de carácter restrictivo para los implicados, destacando el pedido de arresto domiciliario para Eduardo Franco Loor, quien, según el fiscal, ha intentado en diversas ocasiones salir del país. Para los demás involucrados, se solicitó la implementación de medidas como la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse semanalmente ante la justicia. Además, se dispuso el congelamiento de sus cuentas bancarias.
En cuanto a los plazos establecidos, la Fiscalía determinó que la primera presentación de los involucrados se realice 72 horas después de que inicie la fase de instrucción fiscal, que comenzó el sábado 15 de marzo de 2025. Esta fase tendrá una duración de 90 días, en la que se llevará a cabo la recopilación de pruebas y el análisis del caso.
La solicitud de la Fiscalía, que incluye la implementación de un dispositivo electrónico de vigilancia para Franco Loor, ha sido ampliamente comentada debido a la gravedad de las acusaciones y la relevancia de los implicados en el ámbito político del país. Los exconsejeros han sido señalados como presuntos autores directos de la asociación ilícita, lo que ha generado un ambiente de alta tensión en el ámbito político y judicial.
El caso sigue siendo uno de los temas más discutidos en Ecuador, debido a las implicaciones que tiene para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una institución clave en la lucha contra la corrupción en el país. A medida que avance la instrucción fiscal, se espera que surjan nuevos detalles sobre los cargos y la posible responsabilidad de los acusados.
