La reciente reforma a la Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria, también conocida como «ley antipillos», incorpora las criptomonedas como parte de los medios de pago virtuales en Ecuador. Esta modificación al Código Orgánico Monetario y Financiero establece nuevas regulaciones que podrían transformar las criptomonedas en activos financieros reconocidos, pero no como moneda de curso legal. El gobierno busca darles un marco legal para mejorar el control y prevenir el lavado de activos, una de las preocupaciones más recurrentes en torno a su uso.
El artículo clave de la reforma señala que los medios de pago incluyen cheques, billeteras electrónicas, tarjetas de crédito y débito, y, ahora, activos virtuales. Esto implica que los proveedores de servicios de criptomonedas, como los intercambios de activos virtuales y las plataformas de custodia, deberán estar autorizados por la Superintendencia de Bancos. A su vez, se regulan aspectos clave como la transferencia, custodia y el intercambio de criptomonedas, estableciendo que los activos virtuales se considerarán una representación de valor utilizada entre el público para realizar transacciones electrónicas.
Esteban Melo, exfuncionario del Banco Central de Ecuador, señala que la ley moderniza los medios de pago al incluir las criptomonedas. Sin embargo, enfatiza que hay una diferencia fundamental entre criptomonedas y billeteras electrónicas, ya que las primeras no están vinculadas al dólar ecuatoriano, que sigue siendo la única moneda de curso legal en el país. Melo expresa su preocupación sobre la inclusión del término «monedas de curso legal» en el contexto de las criptomonedas, ya que en Ecuador solo el dólar es oficialmente reconocido.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, intentó en 2021 hacer de las criptomonedas un medio de pago paralelo al dólar, pero el proyecto no obtuvo éxito debido a la falta de conocimiento, costumbre y confianza de la población. Este fracaso se debió principalmente a la resistencia de los ciudadanos a adoptar una moneda digital que no tiene respaldo físico como el dólar.
A pesar de estas limitaciones, la ley ecuatoriana no busca prohibir las criptomonedas, sino regularlas para evitar su uso en actividades ilícitas como el lavado de dinero. Al integrar a las criptomonedas en el sistema financiero, el gobierno ecuatoriano espera que los organismos de control, como la Superintendencia de Bancos y el Banco Central del Ecuador, puedan monitorear su uso y garantizar la transparencia en las transacciones.
El economista Alberto Acosta Burneo sostiene que la ley no convierte a las criptomonedas en moneda oficial de Ecuador, sino que las valida como activos financieros, lo cual es un paso positivo. Al regularlas, el gobierno no solo busca ejercer un mayor control, sino también permitir que las criptomonedas sean reconocidas como una realidad financiera que muchas personas ya usan en sus transacciones.
Mauricio Pozo, exministro de Economía, considera que la inclusión de las criptomonedas en el sistema financiero ecuatoriano es beneficiosa, ya que facilita su supervisión y reduce las operaciones ilegales asociadas al uso del efectivo. Pozo resalta que, aunque no se les reconoce como moneda de curso legal, la regulación de las criptomonedas es un avance hacia el uso de tecnologías más avanzadas en las transacciones financieras, lo que mejorará el control en el sector.
Por su parte, José Julio Neira, director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), explicó que la nueva ley no limita el uso de criptomonedas, sino que establece controles estrictos sobre las transacciones. La clave, según Neira, es garantizar la transparencia en las compras y ventas de criptomonedas, identificando a los involucrados en cada operación para evitar que se utilicen con fines ilícitos.
En resumen, la reforma legal en Ecuador marca un paso importante en la regulación de las criptomonedas. Aunque no se les reconoce como moneda de curso legal, su inclusión en el marco financiero tiene como objetivo principal su supervisión y control para prevenir el uso en actividades ilegales. Las autoridades ahora tienen la responsabilidad de garantizar que las criptomonedas sean utilizadas de manera transparente y dentro de los límites establecidos por la ley.
