La Fiscalía General del Estado ha respondido a las críticas tras los allanamientos efectuados el 16 de agosto de 2024 en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), relacionados con el caso denominado Confourtable. La entidad ha subrayado que estas acciones se realizaron con la debida autorización de un juez competente, quien verificó la necesidad, pertinencia y legalidad de los operativos.
Los allanamientos fueron dirigidos a las oficinas y domicilios de las juezas Enma Tapia Rivera y Katerine Muñoz Subía, como parte de la investigación por un presunto caso de cohecho. La controversia surgió después de que las juezas emitieran, el 12 de agosto, un habeas corpus correctivo a favor de Wilman Terán Carrillo, ex presidente del Consejo de la Judicatura (CJ). Terán, quien enfrenta cargos por delincuencia organizada en el caso Metástasis, fue beneficiado con un traslado de la prisión de máxima seguridad La Roca en Guayaquil a la Cárcel 4 de Quito, junto con otras medidas de reparación que incluían acceso a dispositivos electrónicos, visitas sin restricciones, y atención médica y psicológica.
La Corte Nacional de Justicia, liderada por su presidente José Suing Nagua, expresó su preocupación por lo que consideró una invasión a la independencia judicial. En una carta pública, Suing exigió respeto por la autonomía de los jueces y la integridad del sistema judicial.
En contraste, la Fiscalía defendió su actuación, argumentando que la independencia judicial y el control mutuo de los poderes es fundamental para el Estado de derecho. Aseguró que los allanamientos se llevaron a cabo tras obtener la autorización judicial necesaria, la cual fue concedida tras una evaluación de la legalidad y necesidad del operativo. La Fiscalía destacó que esta técnica investigativa ha sido crucial para recolectar y preservar pruebas, evitando su destrucción y permitiendo así construir casos sólidos contra redes de corrupción.
La Fiscalía también mencionó otros casos relevantes como Metástasis, Purga y Plaga, donde se ha obtenido información clave sobre mecanismos utilizados por grupos de poder organizados, que a menudo han encontrado complicidad en el sistema de justicia.
Por su parte, la CNJ reiteró que la independencia y la integridad judicial son pilares esenciales del Estado de derecho. Subrayó que es fundamental respetar las competencias y decisiones de los jueces para preservar el libre ejercicio de la magistratura. La CNJ instó a respetar el debido proceso y garantizar el derecho a la defensa, así como la presunción de inocencia y la autonomía judicial en estos momentos de tensión pública.
