La Fiscalía General del Estado (FGE) ordenó el archivo del expediente abierto por presunto peculado en contra de la exministra del Interior, María Paula Romo, y su esposo, el exsecretario Anticorrupción de la Presidencia, Iván Xavier Granda Molina. Así lo decidió la fiscal general, Diana Salazar Méndez, al concluir que no existen elementos suficientes que sustenten una acusación formal.
La investigación, iniciada en torno a un posible uso indebido de recursos públicos, examinó si la exfuncionaria y su pareja habrían empleado aeronaves oficiales para fines personales, específicamente para trasladarse junto a su familia durante un viaje realizado en marzo de 2019, con supuestos fines vacacionales.
La Fiscalía no halló indicios de responsabilidad penal
Tras varios meses de indagaciones, la FGE determinó que no se configuró el delito de peculado, ya que no se evidenció perjuicio económico para el Estado ni se comprobó el uso irregular de bienes públicos para actividades personales. “No se encontraron pruebas concluyentes de que se haya vulnerado la normativa vigente respecto al uso de aeronaves del Estado”, detalló la Fiscalía en su resolución.
La solicitud de archivo fue presentada oficialmente por Salazar y aceptada conforme a las disposiciones del Código Orgánico Integral Penal (COIP), lo que deja sin efecto las acusaciones preliminares contra los exfuncionarios, quienes se desempeñaron en cargos de alta responsabilidad durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno.
Contexto del caso y repercusión política
El proceso atrajo atención mediática al involucrar a dos figuras de perfil alto dentro del aparato estatal. Romo fue ministra del Interior entre 2018 y 2020, mientras que Granda lideró la Secretaría Anticorrupción en un periodo crítico para la lucha contra la corrupción institucional.
Ambos habían rechazado categóricamente las acusaciones, asegurando que sus desplazamientos oficiales siempre se ajustaron a la normativa y que no existió ningún uso indebido de recursos públicos. Con el archivo del caso, se desvanecen las sospechas legales, aunque el debate político en torno al uso de bienes estatales sigue siendo un tema de discusión pública.
Cierre del caso y garantías legales
Con esta resolución, la Fiscalía cierra de manera definitiva uno de los expedientes que generó controversia en los últimos años, reafirmando la necesidad de pruebas sólidas para sustentar acusaciones por delitos contra la administración pública. La medida también destaca la importancia del respeto a la presunción de inocencia y el debido proceso.
