En un fallo decisivo, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ha revocado la inocencia del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, condenándolo a cinco años de prisión por peculado. La sentencia, emitida por los jueces Mercedes Caicedo, Julio Inga y Marco Rodríguez, afecta también a otros implicados en el caso conocido como Secom, incluyendo a Galo Pacheco, exsecretario de Medios Institucionales, y a Pablo Yánez, exsubsecretario, quienes comparten la misma condena.
La decisión surge tras la apelación presentada por la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría General del Estado, quienes argumentaron que el fallo de primera instancia, que declaró inocentes a los acusados en 2020, había ignorado pruebas cruciales que demostraban el delito. En este contexto, Caicedo explicó que el tribunal realizó una nueva valoración de las pruebas y encontró evidencia suficiente que confirmó la existencia de un delito.
Alvarado, quien ocupó su cargo durante el gobierno de Rafael Correa, fue señalado por no seguir las normativas legales al contratar a un individuo y a la empresa Gota Azul, representada por Carlos Bravo. Los cuatro acusados deberán pagar al Estado una reparación de $225,000 por los daños causados.
La audiencia se llevó a cabo el 18 de septiembre de 2024, después de más de cinco meses de suspensión, donde se expusieron los argumentos de apelación y se reconsideraron las evidencias presentadas anteriormente. El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, destacó que existía una falta de valoración de las pruebas en el juicio inicial, lo que llevó a este nuevo veredicto.
La resolución de los jueces ha dejado en claro que Alvarado y los demás acusados actuaron con dolo, en contraposición al orden jurídico, perjudicando la eficiencia de la administración pública y, en consecuencia, a la ciudadanía. Según el tribunal, las acciones de los acusados violaron las leyes al utilizar recursos del Estado para beneficiar a una empresa privada.
El fallo es un hito en la lucha contra la corrupción en Ecuador, subrayando la importancia de la rendición de cuentas en el sector público. Alvarado y sus coacusados ahora enfrentan un futuro incierto tras este veredicto unánime, que reafirma la necesidad de proteger la integridad de las instituciones estatales.
