Un fuerte estallido perturbó la tranquilidad del vecindario ubicado en la intersección de la calle 20 y Argentina, en el suburbio de Guayaquil. El incidente, que ocurrió en un inmueble que alberga un local comercial, fue reportado por los residentes de la zona la noche del martes.
Según testimonios recogidos en el lugar, el ruido provocado por la explosión alarmó a los vecinos, quienes rápidamente alertaron a las autoridades. La Policía Nacional llegó para inspeccionar la escena y determinar el origen del estallido.
Testigos indicaron que delincuentes vinculados a actividades de extorsión podrían estar detrás del ataque, ya que habrían colocado artefactos explosivos en la fachada del negocio. Este tipo de violencia parece ser parte de una estrategia de intimidación hacia comerciantes del sector, quienes denuncian una creciente presión por parte de grupos criminales que exigen pagos ilegales, comúnmente conocidos como “vacunas”.
El uso de explosivos en zonas residenciales y comerciales no solo pone en riesgo la vida de los habitantes, sino que también genera daños materiales significativos, afectando el desarrollo económico local y aumentando la sensación de inseguridad en la comunidad.
Las autoridades están investigando los hechos para identificar a los responsables y prevenir futuros ataques en la zona. Mientras tanto, los comerciantes y vecinos del suburbio de Guayaquil permanecen en alerta, a la espera de medidas de seguridad que garanticen la protección de sus vidas y propiedades.
Este caso se suma a una serie de incidentes similares ocurridos en diferentes sectores de Guayaquil, donde la delincuencia organizada ha intensificado sus métodos violentos para controlar territorios y extorsionar a la población.
En lo que va del año 2025, se ha registrado un aumento en las denuncias relacionadas con extorsiones y actos de violencia en la ciudad, lo que ha llevado a las fuerzas de seguridad a reforzar los patrullajes y los operativos especiales para combatir estas amenazas.
Los vecinos afectado hacen un llamado a las autoridades para que se tomen medidas urgentes y efectivas que permitan recuperar la paz en sus barrios y proteger a los ciudadanos del flagelo del crimen organizado.
