El llamado a la acción global contra el régimen de Nicolás Maduro ha ganado un nuevo ímpetu. En una declaración contundente, 31 exmandatarios iberoamericanos han solicitado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) la «captura y detención inmediata» del presidente venezolano, su segundo al mando, Diosdado Cabello, y otros altos cargos del gobierno venezolano. Esta petición destaca la creciente presión internacional sobre el régimen de Maduro por presuntas violaciones graves de derechos humanos.
El exmandatario colombiano Andrés Pastrana presentó un informe jurídico de seis páginas a la CPI, en nombre de los firmantes. En su declaración, Pastrana subrayó que esta es la primera vez que un grupo tan significativo de exlíderes latinoamericanos y españoles se une para exigir acciones tan severas. Entre los firmantes se encuentran figuras prominentes como Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy de España; Álvaro Uribe e Iván Duque de Colombia; Mauricio Macri de Argentina; Vicente Fox de México; y Carlos Mesa de Bolivia. Desde Ecuador, los exmandatarios Osvaldo Hurtado, Jamil Mahuad y Lenin Moreno también han respaldado esta solicitud.
El informe subraya que el régimen de Maduro ha incurrido en «violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos», calificando sus acciones como «crímenes de lesa humanidad» y «terrorismo de Estado». La denuncia incluye a los miembros del Ejército venezolano, considerado un pilar fundamental del régimen, y se suma a la investigación abierta por la CPI en noviembre de 2021. Esta investigación surgió tras examinar denuncias de varios países de América Latina y Canadá sobre crímenes cometidos en Venezuela desde febrero de 2014.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, la CPI aún no ha imputado a altos cargos del gobierno venezolano. El núcleo del informe presentado por los exmandatarios se centra en la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, promulgada el 29 de enero de 2020, que nombra a Maduro como comandante en jefe del Ejército. Según esta ley, Maduro asume la máxima autoridad jerárquica en el Ejército, transformando a Venezuela en un «Estado militar», como señala Pastrana.
Pastrana argumenta que, en virtud de esta ley, Maduro es «directamente responsable» de las violaciones cometidas, y que el hecho de que ahora sea el líder militar implica que «la diligencia debida ya no es una excusa para evitar las investigaciones». Además, Pastrana destaca que el régimen de Maduro está promoviendo un «terrorismo de Estado», una afirmación que el grupo IDEA, al que pertenecen los firmantes, está dispuesto a respaldar con «evidencias, pruebas y apoyo legal».
Durante su reunión con el equipo del fiscal Karim Khan, Pastrana también expresó su preocupación por la seguridad de líderes opositores colombianos, como Edmundo González y María Corina Machado, quienes enfrentan una situación «muy frágil». Asimismo, mencionó el caso de los «más de 1.200 detenidos políticos» en Venezuela, resaltando la urgencia de una respuesta internacional.
Este llamado de los exmandatarios no solo pone de relieve la creciente preocupación global por la situación en Venezuela, sino que también refleja una presión internacional cada vez mayor para abordar y sancionar las violaciones de derechos humanos en el país sudamericano. La CPI enfrenta ahora el desafío de tomar medidas decisivas en respuesta a estas serias acusaciones.
