La Fiscalía ecuatoriana mantiene una investigación contra la exasambleísta del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Esther Cuesta, por su presunta participación en una red destinada a favorecer a Raúl González en la Superintendencia de Bancos. Este caso forma parte de la denominada causa Liga2, que indaga una estructura que supuestamente habría buscado influir en la designación de autoridades clave del Estado desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
El pasado 27 de mayo, la Asamblea Nacional resolvió declarar improcedente pronunciarse sobre la solicitud de la jueza Daniella Camacho, que requería autorización para proceder con el enjuiciamiento penal contra Cuesta. Esto se debe a que la exlegisladora ya no ocupa un cargo público, por lo que no goza de inmunidad parlamentaria. La votación terminó con 78 votos a favor, 65 en contra y 6 abstenciones, aprobando devolver el pedido a la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Con esta resolución, se despeja el camino para que la Fiscalía continúe con las investigaciones y procedimientos penales contra Esther Cuesta. Actualmente, la Fiscalía ha solicitado fecha y hora para la audiencia de vinculación a proceso, aunque aún no ha recibido respuesta oficial.
Además de Cuesta, también están siendo investigados Andrés Arauz, secretario actual del movimiento Revolución Ciudadana, y Raúl González Carrión, quien fue designado —aunque no nombrado formalmente— como superintendente de Bancos. La Fiscalía apunta a que estas figuras habrían conformado una asociación ilícita con el propósito de manipular la selección de autoridades en cargos estratégicos dentro del Estado.
El caso Liga2 ha puesto bajo el microscopio las acciones y maniobras dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo encargado de garantizar transparencia en las designaciones. Las autoridades judiciales buscan determinar el alcance y la estructura de esta presunta red, cuyo impacto podría afectar la integridad y el funcionamiento del sistema institucional.
En el comunicado oficial de la Fiscalía se señala la importancia de avanzar con diligencia en las investigaciones para garantizar que los responsables rindan cuentas, asegurando la transparencia en la administración pública y la justicia para todos los ciudadanos.
Este proceso judicial se suma a otros casos que ponen en evidencia la compleja relación entre política y corrupción en el país, generando un debate intenso sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas en los órganos estatales.
