La exasambleísta Bella Jiménez y tres de sus familiares están bajo investigación por la Fiscalía por presuntamente exigir $9,000 a cambio de dos cargos de asesoría en la Asamblea Nacional. La instrucción fiscal, que durará 90 días, se centra en el delito de concusión y afecta a su hijo Jorge Simón P. J., su hermano Jimmy Steven J. T. y su cuñada Elena del Rosario O. P.
Desde el 9 de octubre, la Fiscalía tiene tres meses para recolectar pruebas y evidencias relacionadas con el caso. El delito de concusión, según el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), se aplica a servidores públicos que, abusando de su cargo, exigen beneficios económicos indebidos.
La fiscal general, Diana Salazar, destacó que la administración pública ha sido históricamente objeto de abuso por parte de quienes buscan beneficios personales, un problema que ahora también se presenta en la Asamblea Nacional. Recordó que Bella Jiménez fue electa asambleísta en las elecciones del 7 de abril de 2021, tomando posesión del cargo el 22 de abril de ese año.
Según la acusación, Jiménez habría exigido a Pablo Segundo L. F. $3,000 a través de WhatsApp para vincularlo a su equipo en el Legislativo. Esta transacción se realizó el 27 de abril de 2021, con una transferencia bancaria a la cuenta de su hijo Jorge.
Los abusos no se detuvieron ahí. La fiscal señaló que el 21 de abril de 2021, la cuñada de Jiménez, Elena del Rosario, ofreció a Linda F. E. un puesto como asistente 2 a cambio de $6,000. En respuesta, Linda F. E. entregó un cheque por $2,500 el 4 de mayo, el cual fue cobrado por el hermano de Jiménez.
A pesar de haber sido contratada, Linda F. E. fue despedida dos meses después sin explicación. La fiscal general enfatizó que las acciones de Jiménez reflejan un abuso de poder, contraviniendo los principios esperados de un representante legislativo.
La Fiscalía ha decidido procesar a Bella Jiménez como autora principal del delito, mientras que los otros tres familiares serán considerados cómplices. El juez Marco Rodríguez ha ordenado medidas cautelares, incluyendo la colocación de grilletes electrónicos y la prohibición de salida del país para los implicados. También se han dispuesto retenciones de cuentas y prohibiciones de enajenar bienes por montos significativos, para garantizar posibles multas y reparaciones.
Bella Jiménez, quien ocupó el cargo de vicepresidenta de la Asamblea, fue destituida en octubre de 2021 debido a acusaciones de corrupción. Aunque dejó su puesto, el proceso legal continúa, ya que el delito de concusión no prescribe.
