Un estado de excepción sin toque de queda ha sido declarado en siete provincias ecuatorianas y el cantón Camilo Ponce Enríquez de Azuay por un periodo de 60 días, empezando desde el 22 de mayo. Esta medida responde a la intensificación de un conflicto armado interno que se ha extendido desde enero de 2024, tras un violento incidente en la cadena TC Televisión de Guayaquil.
Las provincias afectadas son Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Santa Elena, Sucumbíos y Orellana. Estas regiones acumulan 1.920 muertes violentas, lo que constituye aproximadamente el 87% de los asesinatos a nivel nacional. Aunque el cantón Camilo Ponce Enríquez no está incluido en esta estadística, recientemente ha sido escenario del asesinato de su alcalde, José Sánchez, un indicativo de los problemas de violencia relacionados con la minería ilegal en el área.
Esta es la primera vez que la provincia de Esmeraldas queda fuera del estado de excepción, mientras que Orellana y Sucumbíos aparecen por primera vez en esta lista de medidas focalizadas.
El presidente Daniel Noboa, en un mensaje a la nación, explicó que la intensificación de las actividades criminales ha forzado a los delincuentes a refugiarse en las provincias ahora bajo estado de excepción. Noboa afirmó que es crucial permitir a las fuerzas armadas y policiales operar libremente para restaurar el orden y enfrentar a las bandas criminales que desafían la ley y el orden.
El mandatario también señaló que la lucha contra estas bandas se ha visto reforzada por la declaración de un conflicto armado interno, identificando a 22 grupos como terroristas, incluyendo a Los Choneros y Águilas, entre otros. Estas bandas están activas en las siete provincias mencionadas y son responsables de un considerable número de violentos enfrentamientos y crímenes.
Guayaquil y Durán son dos de las ciudades más afectadas en Guayas, con un alarmante número de asesinatos registrados este año. Manabí también ha visto una escalada en asesinatos y masacres, particularmente en Manta y Portoviejo.
Los recientes asesinatos en Manta, donde cinco personas fueron ultimadas en una cancha de vóley, destacan la brutalidad y la audacia de estas bandas. Este tipo de violencia, según las autoridades, busca asegurar el control económico a través de actividades ilícitas como el tráfico de drogas y el lavado de dinero.
