Un nuevo escándalo sacude al sistema penitenciario ecuatoriano luego de que se confirmara la fuga de tres personas privadas de libertad del Centro Transitorio del Cuartel Modelo, en Guayaquil. El hecho se registró tras descubrirse un hueco en el techo de la celda n.º 3, que permitió la evasión de los detenidos. El incidente fue detectado por personal de la Policía Judicial durante una inspección, tras una alerta emitida por posibles movimientos sospechosos en el lugar.
De acuerdo con un informe preliminar, los reclusos utilizaron una cizalla para cortar una sección del techo y huir del centro, donde se encontraban bajo custodia a la espera de sus respectivas audiencias judiciales. Las autoridades aún no han revelado las identidades de los fugados ni los cargos por los que estaban detenidos.
Este escape ha puesto en tela de juicio los protocolos de seguridad dentro del Cuartel Modelo, un centro conocido por ser temporal, pero que alberga a detenidos por delitos de mediana y alta peligrosidad. Como parte de las investigaciones, cinco funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI) que estaban de turno en el momento de la fuga fueron aprehendidos. Se presume que habrían incurrido en omisión de funciones o complicidad.
El SNAI ha informado que se ha iniciado un proceso interno para determinar responsabilidades administrativas, mientras que la Fiscalía abrirá una investigación penal para esclarecer si hubo participación directa o negligencia de los funcionarios detenidos. En tanto, unidades tácticas de la Policía Nacional ejecutan operativos de rastreo en sectores aledaños al Cuartel Modelo con el objetivo de recapturar a los reos.
Este suceso se suma a una serie de eventos que reflejan la profunda crisis en el sistema carcelario ecuatoriano, caracterizada por fugas, corrupción, amotinamientos y enfrentamientos entre bandas criminales. La inseguridad dentro y fuera de los centros penitenciarios continúa siendo uno de los principales desafíos para las autoridades del país.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos han reiterado la urgencia de una reforma penitenciaria estructural, que no solo fortalezca los controles internos, sino que también garantice condiciones de detención adecuadas y procesos judiciales ágiles.
