El endeudamiento de los ecuatorianos alcanza niveles preocupantes, afectando a personas de todos los estratos sociales. Según un análisis presentado durante un foro realizado en Quito el 15 de octubre, muchas familias recurren al crédito incluso para compras básicas del hogar, como alimentos y productos de primera necesidad. Este fenómeno ha aumentado un 46 % entre 2023 y 2024, según datos de la firma Kantar citados por César Coronel, gerente general de Defensa Deudores Ecuador.
“Cuando una familia compra pan, leche o huevos, productos perecibles, la deuda puede durar tres o seis meses, mientras que los productos se consumen en días. Muchas familias ecuatorianas están comiendo en cuotas, y esta es una realidad que no podemos ignorar”, señaló Coronel durante el evento.
El sobreendeudamiento se ha visto potenciado por la pandemia, los paros y la creciente inseguridad, lo que ha incrementado la morosidad en el país. Datos oficiales indican que 3 de cada 10 personas tienen una calificación de crédito deficiente, mientras que antes de la pandemia este fenómeno era menos frecuente. Coronel advirtió que las normas actuales para proteger al consumidor o al deudor son insuficientes y sugirió elevar su rango a nivel constitucional para evitar prácticas nocivas como el anatocismo camuflado, donde los intereses de una deuda refinanciada se capitalizan y generan nuevos cobros.
Entre enero de 2023 y agosto de 2025, se han registrado 616.996 procesos de cobro de pagaré, representando más del 60 % de los juicios relacionados con deudas en Ecuador, según el Consejo de la Judicatura. Además, se contabilizan 135.549 concursos de acreedores, 79.474 procesos de cobro de dinero, 65.361 cobros de letras de cambio y 57.286 cobros de facturas y documentos comerciales.
Durante el foro, se discutieron diversas propuestas para aliviar la carga financiera de los ecuatorianos. Entre ellas, la reforma de la Ley de Alivio Financiero, condonación de créditos estudiantiles, prescripción de deudas incobrables, condonación de obligaciones del extinto Banco Nacional de Fomento, fortalecimiento de soluciones pre-judiciales, implementación de la ley de segunda oportunidad y mejoras en el habeas data correctivo.
Cindy Aguiar, directora del Centro Integral de Asistencia Legal (CIAL) de la Universidad de las Américas, señaló que el endeudamiento se ha normalizado desde la pandemia. “El endeudamiento no distingue estrato social”, afirmó, subrayando que estudiantes, comerciantes, emprendedores y profesionales están afectados. Aguiar destacó que muchos deudores de buena fe enfrentan altos intereses y procesos jurídicos que agravan su situación, y que la legislación actual no los reconoce como sujetos de derechos.
El abogado chileno Ricardo Ibáñez, fundador de Defensa Deudores Chile, recomendó potenciar la mediación y la conciliación como mecanismos de resolución de conflictos. “Congestionar un sistema judicial ya saturado con demandas de cobranza no tiene sentido. Lo ideal es buscar instancias de conciliación que permitan a deudores honrados cumplir con sus obligaciones y a los acreedores recibir liquidez y condonación de intereses”, explicó. Ibáñez resaltó que en Chile se busca desestigmatizar al deudor honesto, permitiéndole salir de la insolvencia por contingencias imprevistas, y enfatizó la importancia de difundir el conocimiento sobre leyes que protegen a los deudores.
El foro concluyó que una posible Asamblea Constituyente podría ser un escenario propicio para implementar reformas legales que protejan a los deudores, pero que también es posible avanzar mediante cambios normativos sin esperar a la Constituyente. La educación financiera, junto con un marco legal más humanizado, se perfila como la clave para reducir el sobreendeudamiento en Ecuador y brindar una verdadera “segunda oportunidad” a quienes enfrentan crisis económicas temporales.
