En Ecuador, el juicio de coactiva es un procedimiento administrativo utilizado por instituciones públicas para cobrar deudas pendientes a personas naturales o jurídicas que no han cumplido con obligaciones económicas frente al Estado.
Este mecanismo se aplica cuando un ciudadano o empresa no paga sus obligaciones dentro de los plazos establecidos, lo que permite a la entidad pública iniciar un proceso formal de recuperación de esos valores.
Entre los casos más comunes están los impuestos pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI), aportes atrasados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), multas administrativas o deudas con municipios y otras entidades públicas.
Antes de iniciar el proceso coactivo, la institución correspondiente debe determinar formalmente la deuda y notificar al ciudadano o empresa sobre el valor adeudado.
Si el pago no se realiza dentro del plazo fijado, la entidad puede emitir un título de crédito y activar el procedimiento de cobro mediante la vía administrativa.
Una vez iniciado el proceso, las autoridades pueden aplicar medidas para garantizar el pago, como la retención de dinero en cuentas bancarias, el embargo de bienes o la prohibición de vender propiedades mientras la deuda siga pendiente.
A pesar de estas acciones, las personas mantienen el derecho de presentar defensas legales o impugnar el proceso si consideran que la deuda es incorrecta, así como cancelar el valor adeudado para detener las medidas de cobro.
