El Gobierno ecuatoriano ha iniciado formalmente el cobro de la controvertida tasa minera, una medida que ha generado inquietudes en el sector extractivo y que ya enfrenta una demanda de inconstitucionalidad. A pesar de las críticas, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcom) avanza con la recaudación, advirtiendo que las empresas que no cumplan con el pago podrán ser sometidas a procesos coactivos.
La tasa fue establecida a través del Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Actividades Mineras, y grava a las compañías mineras con un cobro anual proporcional al volumen de producción y al tipo de actividad minera que desarrollen. Según el Gobierno, esta medida busca fortalecer la fiscalización ambiental y generar recursos para la supervisión del sector.
No obstante, desde el sector privado se han encendido las alertas. Varias empresas, junto con asociaciones mineras, han presentado acciones legales ante la Corte Constitucional argumentando que la tasa es inconstitucional, ya que fue impuesta por una entidad del Ejecutivo sin que medie una ley aprobada por la Asamblea Nacional. Hasta la fecha, se ha registrado al menos una demanda formal, aunque los actores del sector prevén más recursos similares.
“La aplicación de esta tasa carece de sustento legal y afecta la seguridad jurídica del país”, han manifestado representantes del sector minero, quienes aseguran que esta medida podría desalentar nuevas inversiones. A esto se suma la preocupación por la posibilidad de que el proceso en la Corte se prolongue durante años si no se le otorga prioridad.
Mientras tanto, la Arcom sigue adelante con el proceso de cobro y ya ha notificado a varias empresas sobre sus obligaciones. Las compañías que no paguen la tasa en los plazos establecidos podrían enfrentar acciones de cobro coactivo, lo que complicaría aún más el panorama del sector.
La discusión sobre esta tasa se da en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y los actores del sector minero, en momentos en que el país busca atraer inversión extranjera y fomentar el desarrollo de sus recursos naturales de manera sostenible.
