Según los datos públicos proporcionados por la Contraloría General del Estado, el patrimonio total declarado por todos los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) asciende a aproximadamente 2.9 millones de dólares. El presidente de la Asamblea Nacional y empresario turístico, Niels Olsen, es quien reporta el patrimonio más alto, con un valor declarado de $862,189.66.
La legislación ecuatoriana establece que todos los funcionarios públicos, incluyendo aquellos de elección popular y de carrera administrativa, deben presentar una declaración juramentada de su patrimonio ante la Contraloría General. Este procedimiento debe realizarse al inicio, a la mitad y al final de sus funciones, además de cada vez que se requiera, con el objetivo de transparentar y controlar el manejo de sus bienes y evitar delitos como el enriquecimiento ilícito.
La Contraloría General lleva a cabo revisiones periódicas y exámenes especiales a estas declaraciones patrimoniales para garantizar que se cumpla con la normativa vigente y se detecten posibles irregularidades. La información sobre los patrimonios es pública, lo que contribuye a la transparencia en el ejercicio del poder público y a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
El monto declarado por el presidente Niels Olsen supera con creces el patrimonio de otros miembros del CAL, lo que genera interés y también análisis respecto a la diversidad económica entre los integrantes de este órgano legislativo.
Estas declaraciones patrimoniales forman parte del sistema de control que busca prevenir y sancionar conductas ilícitas relacionadas con el enriquecimiento indebido dentro de la función pública. La transparencia en la presentación de estas declaraciones es vital para fortalecer la lucha contra la corrupción y garantizar una gestión pública íntegra.
La suma global de casi tres millones de dólares en patrimonio declarado refleja el perfil económico de los integrantes del Consejo de Administración Legislativa, pero también resalta la necesidad de un seguimiento constante y exhaustivo por parte de la Contraloría y otras entidades fiscalizadoras.
En definitiva, esta información pública es una herramienta esencial para que la ciudadanía conozca el estado patrimonial de sus representantes y pueda exigir responsabilidad y ética en el manejo de los recursos públicos.
