El Gobierno de Estados Unidos anunció sus planes de expulsar al salvadoreño Kilmar Ábrego García a Liberia, África, según informó este viernes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Actualmente, Ábrego García se encuentra bajo custodia en Pensilvania, y una juez federal ha suspendido temporalmente su deportación.
En un documento presentado ante la juez Paula Xinis, quien supervisa su caso de inmigración en Maryland, el DHS detalló que la República de Liberia ha aceptado acoger al salvadoreño. La agencia señaló que la expulsión podría ejecutarse a partir del 31 de octubre, tras recibir “garantías diplomáticas” sobre el trato que recibirán las personas provenientes de terceros países trasladadas desde EE.UU.
Liberia es descrita por el DHS como “una democracia próspera y uno de los socios más cercanos de EE.UU. en el continente africano”, con el inglés como idioma oficial y comprometida con el trato humano de los refugiados. Esta medida se suma a intentos previos de deportación hacia otros países africanos, como Ghana, que rechazó la solicitud a principios de este mes.
Kilmar Ábrego García llegó a EE.UU. hace más de una década huyendo de amenazas de pandillas en El Salvador. En marzo pasado, fue deportado de manera errónea y pasó varios meses en la cárcel de máxima seguridad Cecot en su país natal, pese a que un juez de inmigración le había autorizado quedarse en EE.UU. debido a los riesgos que enfrentaba.
Tras su regreso a territorio estadounidense, Ábrego García fue arrestado nuevamente e imputado por delitos relacionados con el tráfico de inmigrantes en Tennessee. Actualmente permanece bajo custodia en Pensilvania mientras la juez Xinis mantiene la suspensión de su deportación.
El abogado de Ábrego García, Simon Sandoval-Moshenberg, indicó a ABC News que Costa Rica, que también aceptó acoger a su cliente, “sigue siendo una opción viable y legal”. Sandoval-Moshenberg cuestionó la decisión del DHS de deportarlo a un país con el que “no tiene ninguna conexión y que está a miles de kilómetros de su familia y su hogar en Maryland”.
Este caso se ha convertido en un símbolo de la lucha contra las estrictas políticas migratorias implementadas durante la administración del expresidente Donald Trump, mostrando los desafíos legales que enfrentan quienes son deportados por errores administrativos o amenazas de pandillas en sus países de origen.
