El gobierno de Estados Unidos está evaluando nuevas medidas contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela como una forma de demostrar que sus acciones tienen consecuencias. Esta revisión de estrategias sigue a la reciente orden de arresto emitida contra el opositor Edmundo González Urrutia, una acción que Washington considera una clara violación de los derechos democráticos.
John Kirby, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, declaró el martes que Estados Unidos, en colaboración con sus aliados internacionales, está considerando diversas opciones para enviar un mensaje firme a Maduro y su gobierno. “Estamos analizando diferentes alternativas para mostrar al señor Maduro y a sus representantes que sus decisiones políticas tendrán consecuencias”, dijo Kirby.
La orden de arresto contra González Urrutia, quien fue candidato de la principal coalición opositora en las elecciones del 28 de julio, ha sido motivo de preocupación para el gobierno estadounidense. La Fiscalía de Venezuela acusó a González de “incitar a la violencia” y de “usurpación de funciones” y “forjamiento de documentos públicos” relacionados con las actas electorales. Sin embargo, Kirby destacó que estas acusaciones son infundadas y parte de los esfuerzos de Maduro por mantener el poder mediante la represión.
González Urrutia fue citado en tres ocasiones por la Fiscalía venezolana, pero no se presentó a las audiencias debido a la falta de claridad sobre los cargos y el reconocimiento de las acusaciones en su contra. Esta situación ha llevado a Estados Unidos a intensificar su presión sobre el régimen venezolano.
En los últimos meses, Estados Unidos ha ajustado sus sanciones contra Venezuela en respuesta a las acciones y omisiones del gobierno de Maduro. La medida más reciente fue el decomiso de un avión oficial de Maduro el lunes en la República Dominicana. El jet, un Dassault Falcon 900EX, fue confiscado por las autoridades estadounidenses por haber sido adquirido de manera ilegal, según Washington. La aeronave, que estaba valorada en 13 millones de dólares, fue trasladada a Florida y es propiedad de Maduro y asociados cercanos.
El gobierno venezolano reaccionó al decomiso acusando a Estados Unidos de realizar una “práctica criminal” y anunció que tomará medidas legales para buscar reparación. Además, en abril pasado, Estados Unidos había revertido parcialmente el alivio de sanciones sobre el petróleo y gas venezolano, citando el incumplimiento de Maduro con sus compromisos electorales, especialmente la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado.
