El próximo miércoles 18 de septiembre, desde las 22:00 hasta las 06:00 del jueves 19, Ecuador experimentará un apagón nacional de ocho horas. Este extenso corte de energía ha sido anunciado por el Gobierno para llevar a cabo «mantenimiento preventivo» en el Sistema Nacional de Transmisión y en las redes de distribución eléctrica. Esta decisión ha generado diversas reacciones entre ciudadanos y empresas, que ya se alistan para mitigar el impacto de la interrupción.
El mantenimiento previsto incluye intervenciones en cuatro subestaciones clave operadas por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) Transelectric. Estas subestaciones son Macas en Morona Santiago, Santa Elena en su homónima provincia, Milagro en Guayas y Molino en Azuay. Los trabajos en el área de transmisión, que incluyen la reparación de equipos primarios y de transformación, tienen un costo estimado de $1,19 millones. Adicionalmente, el mantenimiento en las redes de distribución, que comprende subestaciones, alimentadores y equipos asociados, se estima en más de $1 millón.
Los gremios empresariales han manifestado que, aunque el aviso previo permite a las empresas prepararse para evitar pérdidas económicas y daños en sus equipos, la crisis energética actual refleja problemas más profundos. Según los expertos, esta crisis no es reciente, sino el resultado de años de falta de inversión y mantenimiento, exacerbada por la actual sequía y la falta de generación eléctrica nueva. Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito y de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, valoró que el apagón se realice en un horario nocturno, menos costoso para el comercio en comparación con fines de semana o feriados. Sin embargo, advirtió que el sector energético está en una situación crítica que va más allá de la sequía, y llamó a una modernización urgente de los sistemas de generación de energía.
La situación es particularmente desafiante para las industrias. Andrés Robalino, director de la Cámara de Industrias Producción y Empleo de Cuenca (Cipem), explicó que muchas fábricas deberán detener sus líneas de producción y apagar maquinaria sensible, lo que puede resultar complejo sin generadores capaces de soportar largos períodos. Además, sectores como el alimentario, que dependen de una cadena de frío, enfrentan riesgos significativos.
El Gobierno aún no ha explicado detalladamente las razones detrás de la necesidad de un apagón tan extenso para el mantenimiento preventivo. Andrés Oquendo, expresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos, consideró el apagón como un procedimiento «atípico», destacando la falta de información y sugiriendo que se podría haber realizado con una planificación más detallada y en fases, en lugar de afectar al país entero.
Por su parte, Jorge Luis Hidalgo, asesor energético, insistió en que el Gobierno debe proporcionar evidencia técnica sobre la necesidad de un racionamiento de energía prolongado para el mantenimiento y aclarar las acusaciones de sabotaje o errores humanos en apagones anteriores. Los recientes anuncios de racionamientos de energía y la campaña para el uso de generadores privados reflejan la seriedad de la crisis. Hasta el 15 de septiembre, el embalse de Mazar se encuentra cerca de la cota mínima operativa, y la producción de la central hidroeléctrica San Francisco es alarmantemente baja. Además, la importación de energía desde Colombia enfrenta restricciones, aumentando los costos.
El panorama actual exige una respuesta integral y transparente del Gobierno para enfrentar la crisis energética y minimizar el impacto en la población y el sector productivo.
