Ecuador congela el camino hacia una Asamblea Constituyente y prioriza reformas desde el Parlamento
La propuesta de instalar una Asamblea Constituyente en Ecuador ha sido oficialmente detenida, al menos por ahora. El gobierno del presidente Daniel Noboa ha decidido dejar en pausa esta iniciativa, tras lograr el control político en la Asamblea Nacional, una jugada que redefine el rumbo del debate constitucional en el país.
El ministro de Gobierno, José de la Gasca, confirmó el cambio de enfoque este jueves 15 de mayo, durante el acto de entrega de credenciales a Noboa y a la vicepresidenta electa María José Pinto, realizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en el centro cultural Itchimbía.
“Eso queda en compás de espera. Ahora hay una Constitución en la Asamblea que permite trabajar en cambios estructurales que necesita una Constitución caduca”, declaró De la Gasca. Añadió que el texto constitucional vigente “ya cumplió un ciclo histórico” y es necesario actualizar sus mecanismos, pero dentro de los marcos legales ya establecidos.
La postura del Ejecutivo coincide con el nuevo panorama legislativo, en el que el oficialismo ha logrado una posición privilegiada. Tras alcanzar la mayoría en el Parlamento, Noboa se aseguró la presidencia de la Asamblea Nacional, así como la primera vicepresidencia y el control del Consejo de Administración Legislativa (CAL), el ente que define la agenda del Legislativo.
Con esta correlación de fuerzas, el Gobierno busca canalizar los cambios a través de reformas constitucionales tramitadas en la Asamblea, dejando de lado, al menos temporalmente, el proceso más complejo y políticamente sensible de convocar a una Asamblea Constituyente.
“El país quiere que trabajemos para resolver los problemas de los ecuatorianos. La Asamblea va a ser ese espacio de diálogo, de consensos y de trabajo”, subrayó De la Gasca, apuntando a una agenda de transformación dentro del marco institucional actual.
Aunque la idea de una nueva constitución no ha sido descartada definitivamente, el Ejecutivo parece enfocado en aprovechar su control legislativo para impulsar las reformas necesarias sin acudir a una refundación total del Estado.
Este giro estratégico se da en un momento en el que la ciudadanía demanda soluciones concretas a problemas estructurales como la inseguridad, el desempleo y la inestabilidad institucional. La posibilidad de modificar la Carta Magna desde el Legislativo representa un camino menos conflictivo y más inmediato, aunque también limitado en alcance.
