El Gobierno de Ecuador, liderado por el presidente Daniel Noboa, ha implementado un estado de excepción en siete provincias del país para combatir el aumento de violencia y criminalidad. La medida, establecida bajo el Decreto 275, regirá por 60 días, empezando desde hoy, sin incluir un toque de queda.
Este anuncio se produjo después de que el presidente Noboa, en un mensaje transmitido en redes sociales, reconociera la existencia de un conflicto armado interno en el país, enfrentando a organizaciones terroristas, actores no estatales y grupos del crimen organizado. «Hemos devuelto la paz a los ecuatorianos, algo que nunca se había logrado antes. Ahora entramos en una segunda etapa de esta guerra, una que se ha sectorizado», afirmó Noboa.
Según datos de la Policía Nacional, los homicidios intencionales en las provincias afectadas —Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Santa Elena, Sucumbíos y Orellana— constituyen el 87 % del total nacional en 2024. Debido a estos alarmantes niveles de violencia, se ha decidido incluir también al cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, donde recientemente fue asesinado el alcalde José Sánchez.
El decreto especifica que se suspenden los derechos de inviolabilidad del domicilio y de correspondencia, pero no se establece un toque de queda, por lo que no habrá restricciones a la movilidad. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tendrán permiso para ingresar a domicilios y interceptar correspondencia sin necesidad de autorización previa en las zonas declaradas bajo estado de excepción.
La Autoridad Nacional de Derechos Humanos ha sido encargada de convocar y liderar sesiones para sistematizar y reportar ataques y amenazas relacionados con el conflicto armado. Sin embargo, la decisión del gobierno ha suscitado preocupaciones: Human Rights Watch ha enviado una carta al presidente Noboa advirtiendo sobre posibles violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias perpetradas por las fuerzas de seguridad.
El estado de excepción se extenderá hasta el 21 de julio de 2024, buscando restablecer la seguridad y el orden en las provincias más afectadas por la violencia y el crimen.
