La reforma constitucional propuesta por el gobierno de Daniel Noboa para permitir el establecimiento de bases militares extranjeras en Ecuador está enfrentando retrasos y dificultades en la Asamblea Nacional debido a los plazos establecidos y la proximidad de las elecciones de 2025. La reforma busca modificar el artículo 5 de la Constitución, específicamente eliminando la cláusula que prohíbe las bases extranjeras en el país. Sin embargo, el proceso está siendo afectado por la campaña electoral y las limitaciones en los tiempos legislativos.
La comisión ocasional encargada de analizar la reforma está integrada por siete asambleístas y es presidida por Gissela Garzón, quien pertenece a la bancada del correísmo. A pesar de que el proyecto ya está en marcha, aún no se ha fijado una fecha para la primera reunión de trabajo de la comisión. En una reciente solicitud, Garzón pidió a los comisionados enviar sus propuestas sobre los comparecientes, con el objetivo de construir el cronograma de trabajo necesario para avanzar con la reforma.
Según el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la comisión tiene un plazo máximo de 60 días para presentar su informe de primer debate. Este periodo debe incluir un tiempo mínimo de 15 días para socializar la reforma con la ciudadanía y permitir que los ciudadanos expongan sus opiniones, aunque la comisión puede emitir su informe de primer debate en un plazo mínimo de 30 días. Sin embargo, los tiempos se ven afectados por el adelanto de la campaña electoral, ya que algunos legisladores tendrán que pedir licencia para participar en las elecciones de 2025.
La reforma de Noboa propone eliminar del artículo 5 la frase que prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras y sustituirla por la declaración de que “Ecuador es un territorio de paz”. Este cambio permitiría que el gobierno facilite la presencia de fuerzas extranjeras en el país, algo que ha sido un tema controversial en el país.
Garzón también adelantó que en enero de 2025, seis de los siete miembros de la comisión deberán pedir licencia para participar en la campaña electoral, lo que reduciría el tiempo disponible para el trabajo legislativo. Además, la presidenta de la comisión mencionó que se podría adelantar el receso legislativo en esos días, lo que afectaría aún más el cronograma de actividades. Esta situación genera incertidumbre sobre cuándo se logrará aprobar la reforma.
En cuanto al contenido de la reforma, Garzón destacó que se escucharán las opiniones de varios ministerios vinculados a la seguridad, para entender las necesidades y objetivos del establecimiento de bases extranjeras. Además, se llamará a expertos nacionales e internacionales para que expongan sus puntos de vista. Sin embargo, hay división en la comisión sobre cómo proceder con el proceso.
Los asambleístas de diferentes bancadas, como Jorge Peñafiel (Construye), Nataly Morillo (ADN) y Rafael Dávila (Avanza-SUMA), coincidieron en la necesidad de acelerar el trámite legislativo. Los tres legisladores indicaron que sería ideal que el informe para el primer debate sea presentado en la primera quincena de diciembre. Sin embargo, la postura del Partido Social Cristiano (PSC) respecto a la reforma aún no está clara, ya que su representante Sofía Sánchez no ha dado declaraciones al respecto.
Peñafiel alertó sobre la posible intención del correísmo de demorar el proceso, lo que podría evitar que el gobierno utilice la reforma como un tema de campaña electoral. En su opinión, se debe avanzar lo más rápido posible para que el tema esté listo para ser sometido a referéndum durante la segunda vuelta electoral de 2025, lo que permitiría ahorrar recursos del Estado.
Morillo, por su parte, indicó que aunque el oficialismo tiene la intención de acelerar el trámite, la bancada enfrenta desventajas numéricas en la comisión. Dávila, de Avanza-SUMA, también destacó la necesidad de que la reforma se someta a votación popular en la segunda vuelta electoral, lo que permitiría un ahorro de recursos. Sin embargo, algunos miembros de la comisión están tratando de evitar que el tema de las bases extranjeras se convierta en una herramienta política durante la campaña electoral.
Por otro lado, la asambleísta Mariana Yumbay, de Pachakutik, señaló que es necesario analizar los efectos de las bases militares extranjeras en el país, mencionando el caso de la base de Manta y las bases militares en Colombia. Yumbay subrayó que es fundamental evaluar si la presencia de estas bases realmente contribuyó a la reducción del narcotráfico y la delincuencia organizada, o si hay otros intereses geopolíticos y económicos detrás de esta medida.
