Diferimiento de audiencia sobre acción de protección contra Asamblea Nacional: ¿qué está en juego?
La audiencia programada para el 21 de enero de 2025 sobre la acción de protección presentada en contra de la Asamblea Nacional fue pospuesta por solicitud de la presidenta encargada, Esther Cuesta. La nueva fecha se fijó para el 24 de enero. La acción busca revocar la resolución que obliga a los asambleístas a tomar licencia sin sueldo durante la campaña electoral y cuestiona la designación de Cuesta como presidenta encargada de la Asamblea hasta el 9 de febrero de 2025.
Los asambleístas Diego Matovelle y Jorge Chamba, de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), fueron quienes interpusieron la acción de protección, argumentando que la resolución aprobada el 4 de enero violó sus derechos. En su demanda, los legisladores sostienen que la imposición de la licencia no corresponde a la ley y que la designación de Cuesta como presidenta no fue conforme a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, además de que se suspendieron las funciones del Consejo de Administración Legislativa (CAL).
La Asamblea Nacional se encuentra actualmente en una vacancia legislativa de quince días, que concluirá el 23 de enero, justo un día antes de la nueva audiencia. La acción de protección ha sido tramitada por el juez Marco Tamayo Mosquera, de la Unidad Judicial Penal con Competencia en Infracciones Flagrantes.
La solicitud de diferimiento de la audiencia fue presentada por Cuesta, quien indicó que la parte demandada ya tenía compromisos con otras audiencias y que además necesitaba más tiempo para reunir las pruebas solicitadas por los accionantes. La falta de operatividad total de las dependencias de la Asamblea debido al receso legislativo complicó la recolección de la información necesaria para la defensa.
Además, la Asamblea Nacional enfrenta otra acción de protección, esta vez presentada por Grace Russo Chauvín, presidenta de la Fundación Jurista en Acción Victoria. Russo demandó a la Asamblea Nacional y a los asambleístas que aprobaron la ley orgánica sobre el conflicto armado interno planteado por el presidente Daniel Noboa. Esta audiencia está prevista para el 21 de enero, a las 12:30.
En paralelo, la asambleísta Mónica Palacios, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), también ha presentado una acción de protección en contra de varios miembros del CAL, incluidos Jorge Acaiturri Villa y Alexandra Castillo del PSC, y Diego Matovelle, Eckenner Recalde y Henry Kronfle del ADN. La demanda cuestiona la resolución de mayo de 2024, que suspendió a Palacios por dos meses sin sueldo. La audiencia correspondiente está programada para este 21 de enero a las 14:30 en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
Estas acciones legales reflejan la creciente tensión dentro de la Asamblea Nacional y la política ecuatoriana, donde las resoluciones y decisiones legislativas continúan siendo un terreno de disputas legales y políticas.
