La audiencia de vinculación dentro del caso Triple A, prevista para la mañana del 5 de marzo de 2025, fue diferida tras dos solicitudes de última hora. Uno de los pedidos provino de la defensa de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, quien presentó un certificado médico alegando que su abogado, Geovanny Vásquez Barros, requería reposo por ocho días, hasta el 12 de marzo. El otro requerimiento lo hizo la defensa de María Elisa C., otra persona convocada en el proceso.
El juez anticorrupción Jairo Alejandro García aceptó los pedidos y reprogramó la audiencia para el viernes 14 de marzo a las 07:45. En caso de que el tiempo no sea suficiente, la diligencia continuará el domingo 16 de marzo. García aclaró que, en el futuro, no se admitirán más diferimientos y ordenó a la Defensoría Pública designar abogados en caso de nuevos cambios en la defensa de los procesados.
El proceso investiga presuntas irregularidades en el almacenamiento, transporte y comercialización de derivados del petróleo. La Fiscalía sostiene que grandes volúmenes de diésel subsidiado habrían sido desviados a sectores no autorizados, generando un perjuicio económico al Estado ecuatoriano.
El fiscal Carlos Alarcón, de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, así como la abogada de la Empresa Pública Petroecuador, no se opusieron a la postergación. Sin embargo, Leonardo Cofre, abogado de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), calificó las solicitudes como “artimañas” para retrasar la diligencia y pidió que la nueva fecha se mantenga dentro de la misma semana.
El caso Triple A salió a la luz el 23 de julio de 2024, cuando la Fiscalía llevó a cabo siete allanamientos en Guayaquil y Milagro. La formulación de cargos inicial se demoró debido a múltiples diferimientos, incluidos cambios de abogados de los sospechosos. Hasta ahora, se han vinculado cinco empresas y al menos 15 personas naturales, con medidas cautelares como prohibición de salida del país y presentación periódica.
Según la denuncia presentada por Nicole Bermúdez, de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, se detectaron diferencias en los volúmenes de combustible despachados por Petroecuador y las cifras facturadas por estaciones de servicio, especialmente en zonas mineras fronterizas.
El 22 de febrero de 2025, un día después de que la Fiscalía allanara varias estaciones de servicio en El Oro, Loja y Zamora Chinchipe, se solicitó la vinculación de Álvarez y otras nueve personas. De haberse concretado la audiencia, la instrucción fiscal se habría extendido por 30 días adicionales, cerrando en la primera quincena de abril.
