El excandidato a la vicepresidencia por Revolución Ciudadana (RC), Diego Borja, ha declarado que, aunque actualmente se encuentra en Colombia por motivo de vacaciones durante el feriado de Semana Santa, aún no ha definido la fecha exacta para su regreso a Ecuador. En declaraciones recientes, Borja indicó que al regresar al país, tomará medidas legales por lo que considera una persecución política por parte del gobierno de Daniel Noboa.
El incidente que desató estas declaraciones ocurrió el 16 de abril de 2025, cuando Borja fue detenido en la frontera norte del país. Durante este episodio, Borja denunció que su nombre figuraba en una lista de personas con alerta migratoria que supuestamente lo dejaba fuera de la posibilidad de ingresar al país sin inconvenientes. En sus declaraciones, Borja aseguró que más de cien personas figuran en esta lista, lo que ha causado una creciente preocupación dentro de las filas de su partido político, Revolución Ciudadana, que ha calificado este acto como un intento de persecución.
Diego Borja afirmó que esta lista de alertas migratorias, aunque aparentemente ya podría no estar activa, representa un claro abuso de poder por parte del actual gobierno. Para él, este episodio en la frontera es solo uno de los muchos ejemplos de la intolerancia política del gobierno de Noboa hacia las voces opositoras, particularmente aquellas vinculadas a la Revolución Ciudadana.
En su discurso, Borja no solo lamentó la situación de los perseguidos políticos dentro de su movimiento, sino que también expresó su temor de que otros miembros del correísmo puedan estar siendo sujetos a medidas similares por parte del Estado. El excandidato hizo énfasis en que las acciones de persecución no son nuevas y que, con este tipo de medidas, se busca frenar la libertad de expresión y la oposición política en el país.
Con este panorama, Borja se prepara para emprender acciones legales con el fin de denunciar lo que considera una violación de sus derechos humanos y políticos, buscando la protección de su integridad frente a lo que considera una medida arbitraria por parte de las autoridades ecuatorianas.
