Por unanimidad, el Consejo de la Judicatura (CJ) designó a Carlos Leonardo Alarcón Argudo como fiscal general del Estado subrogante, mientras el titular Wilson Toainga se encontraba fuera del país participando en la Conferencia Birregional en Río de Janeiro, Brasil, entre el 5 y 10 de octubre. La decisión, adoptada por los cinco integrantes del pleno del CJ, incluyó el análisis de informes de la Procuraduría General del Estado y de las direcciones internas de Talento Humano, Asesoría Jurídica y la Dirección General del Consejo, que confirmaron la facultad del organismo para nombrar un reemplazo temporal.
Sin embargo, la designación generó controversia inmediata. La Unión Nacional de Educadores (UNE) presentó el jueves 16 de octubre ante la Corte Constitucional (CC) una demanda de inconstitucionalidad, argumentando que la elección de Alarcón vulnera lo que establece la Constitución, la cual asigna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) la potestad de designar al fiscal general del Estado. Andrés Quispe, presidente de la UNE, señaló que “se está violentando la Constitución, la división de poderes y la seguridad jurídica del país”.
Durante el breve período en que Alarcón ejerció como fiscal subrogante, según Quispe, se implementaron medidas que habrían perseguido y criminalizado a organizaciones sociales y populares, mientras se habrían protegido intereses del presidente Daniel Noboa y su familia frente a denuncias presentadas en su contra. Entre las acciones destacadas, se mencionan la apertura de investigaciones a dirigentes del movimiento indígena, del Frente Unitario de Trabajadores y de la UNE, así como el congelamiento de cuentas bancarias de algunos de los implicados.
Quispe agregó que las investigaciones relacionadas con presuntos delitos de terrorismo, paralización de servicios públicos y delincuencia organizada fueron manejadas bajo la excusa de “seguridad interna”, impidiendo que los afectados revisaran los expedientes. Además, señaló que Alarcón habría solicitado archivar la denuncia presentada por Yaku Pérez, excandidato presidencial, contra Daniel Noboa y Levina Valbonesi por supuestos conflictos de interés en turismo y minería.
Esta demanda de la UNE se suma a la presentada por 22 legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana, quienes cinco días después de la designación de Alarcón presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra actos administrativos con efectos generales, alegando que la Judicatura carece de competencia para efectuar tal nombramiento y que su decisión vulnera la autonomía de la Fiscalía y el principio de legalidad. El caso fue asignado al juez constitucional José Luis Terán para su conocimiento y análisis.
Cabe recordar que Wilson Toainga ocupa el cargo de fiscal general encargado desde mayo de 2024, tras la renuncia de Diana Salazar y su permiso por maternidad. Una vez concluido su viaje a Brasil, el 10 de octubre retomó sus funciones, poniendo fin al encargo temporal de Alarcón.
El caso refleja la creciente tensión entre los órganos de control del Estado y los movimientos sociales, y abre un debate sobre la interpretación constitucional en materia de nombramientos temporales en la Fiscalía General del Estado.
