La desaparición de cuatro menores de edad, ocurrida después de que fueran detenidos por militares en el sector de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, ha generado múltiples reacciones y sigue siendo investigada. Los familiares de los menores, con edades entre 11 y 15 años, reportan que no tienen noticias de ellos desde el 8 de diciembre.
El abogado de los 16 militares involucrados en el caso, Jesús López, explicó que los menores fueron liberados «en perfectas condiciones y completamente vestidos» en la parroquia rural de Taura, ubicada en el cantón Naranjal, provincia de Guayas. Esta localidad se encuentra a unos 60 minutos al sur de Guayaquil, en la misma zona donde se produjo la detención.
Taura es una de las cuatro parroquias rurales de Naranjal y es conocida por su actividad productiva, que incluye cultivos de arroz, cacao, banano y camaroneras. Según el censo de 2022, Taura tiene una población de 9.467 habitantes, en comparación con los 10.359 registrados en 2010, lo que refleja una disminución en la población. La parroquia también está cerca de la Base Aérea donde, en 1987, tuvo lugar un episodio conocido como el «Taurazo», cuando el presidente de la República, León Febres-Cordero, fue secuestrado por un grupo armado.
En cuanto a los servicios básicos, el acceso a agua por red pública en Taura es limitado, ya que solo el 24,8 % de la población tiene acceso. Sin embargo, la mayoría cuenta con electricidad (95,4 %) y un pequeño porcentaje tiene acceso a alcantarillado (6 %).
En relación con el caso, el abogado López explicó que los menores fueron detenidos el 8 de diciembre alrededor de las 21:00, tras una alerta sobre un presunto robo cerca de un centro comercial en el sur de Guayaquil. Los menores fueron inicialmente trasladados hacia la base de Taura, pero, según López, en el trayecto, y tras la solicitud de los detenidos, se decidió liberarlos en la parroquia rural.
La defensa de los familiares de los menores, sin embargo, sostiene que los militares no siguieron los protocolos adecuados, calificando el caso como una “desaparición forzada”. Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), que asesora a tres de las familias, criticó las declaraciones del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, quien había afirmado que los menores fueron detenidos debido a la alerta de robo. Bastias subrayó que, independientemente de los antecedentes, la situación debe considerarse una desaparición forzada.
Este lunes 23 de diciembre, los familiares de los menores realizaron un plantón frente a la Fiscalía en el centro de Guayaquil y luego se dirigieron a la Defensoría Pública en busca de justicia y respuestas sobre la desaparición de los niños.
