El caso de los cuatro menores desaparecidos en Guayaquil sigue generando gran preocupación. Según el abogado defensor de los 16 militares implicados, Jesús López, los jóvenes, que tienen entre 11 y 15 años, fueron liberados «en perfectas condiciones y completamente vestidos» en la parroquia rural de Taura, en el cantón Naranjal, Guayas.
El relato de los hechos comenzó el 8 de diciembre de 2024, cuando ciudadanos alertaron a los militares, que se dirigían a la base de Taura, sobre un posible robo cerca de un centro comercial en el sur de Guayaquil. Los militares, que viajaban en dos camionetas, procedieron a la aprehensión de tres menores, mientras que una cuarta persona fue entregada por la misma ciudadanía.
El abogado indicó que, en lugar de llevar a los detenidos a una unidad policial, los militares decidieron liberarlos en la parroquia de Taura, situada a unos 15 kilómetros de la base. Según López, los jóvenes nunca llegaron a ingresar al destacamento militar, y su liberación ocurrió en una zona rural, lejos de la ciudad.
Aproximadamente a las 23:00 horas de esa misma noche, los menores habrían logrado ponerse en contacto con un residente local, quien les prestó su teléfono celular para que pudieran comunicarse con sus familias y enviar su ubicación mediante WhatsApp. Una hora después, según el abogado, una patrulla policial llegó a la zona, y el residente que había ayudado a los menores se refugió en su hogar, alegando que había visto motociclistas encapuchados que podrían pertenecer a “la mafia”.
Respecto a las prendas encontradas en la zona, como una camiseta y un par de zapatillas, que se especula podrían haber pertenecido a uno de los desaparecidos, el abogado aclaró que esta información aún no ha sido confirmada. Las evidencias fueron custodiadas por un coronel de Policía durante más de 26 horas antes de ser entregadas a la policía judicial para su análisis.
El abogado también enfatizó que los militares han colaborado con las autoridades en la investigación, proporcionando declaraciones a la Fiscalía General del Estado, entregando informes investigativos y facilitando las ubicaciones exactas donde se produjo la liberación de los jóvenes. Además, los militares ofrecieron voluntariamente sus teléfonos celulares para contribuir al esclarecimiento de los hechos.
En cuanto a por qué los menores fueron dejados en un área apartada, López explicó que los detenidos no tenían documentos de identificación y no lograron determinar su edad en el momento de la aprehensión. Aunque los chicos fueron liberados en Taura, un área distante de Guayaquil, los familiares siguen buscando respuestas sobre su paradero.
A 15 días de la desaparición, los familiares de los menores continúan realizando plantones y exigiendo justicia. La presión pública aumenta a medida que la investigación avanza bajo la supervisión de la Fiscalía General del Estado, mientras la sociedad ecuatoriana se mantiene expectante frente al futuro de este caso que ha dejado muchas preguntas sobre el accionar de los militares y las Fuerzas Armadas en general.
