La denuncia presentada por la vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas, contra el presidente Daniel Noboa Azín por presunta violencia política de género ha sido aceptada a trámite. La audiencia para exponer pruebas y argumentos se realizará el próximo 12 de septiembre a las 10:00 en Quito. Este proceso también involucra a varios miembros del equipo de gobierno, incluyendo a la canciller Gabriela Sommerfeld Rosero, el viceministro Esteban Torres y la asesora Diana Jácome Silva.
El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Fernando Muñoz Benítez, admitió la denuncia el 23 de agosto de 2024. Abad había completado los requisitos legales necesarios para que el caso proceda. Durante la audiencia, se revisarán las pruebas de cargo y descargo presentadas por las partes involucradas, con la presencia de la Policía Nacional para garantizar el orden.
La denuncia, presentada bajo el numeral 14 del artículo 279 del Código de la Democracia, acusa a Noboa y su equipo de cometer una infracción electoral grave. Este artículo establece sanciones que incluyen multas que varían entre 21 y 70 salarios básicos, así como la posibilidad de destitución y suspensión de derechos de participación de dos a cuatro años para quienes cometan violencia política de género.
Verónica Abad, que desde diciembre de 2023 ejerce como embajadora en Israel, argumenta que el presidente Noboa ha limitado su participación como mujer en la toma de decisiones del Estado. En su denuncia, solicita sanciones severas, incluyendo una multa de 70 salarios básicos unificados, destitución del cargo y una suspensión de derechos de participación por cuatro años.
Desde el Gobierno, la denuncia ha sido catalogada como un intento de golpe de Estado, argumentando que las sanciones solicitadas buscan impedir que Noboa participe en las elecciones generales de febrero de 2025. La enemistad entre Noboa y Abad, quienes fueron compañeros de fórmula en las elecciones anticipadas de 2023, ha escalado con esta denuncia.
El proceso también ha visto la participación de Manuel Peñafiel Falconí, quien intentó intervenir como amicus curiae desde una organización llamada Corte de Justicia Indígena, pero su solicitud fue rechazada por el juez Muñoz, ya que esta figura no se contempla en las acciones electorales.
Además, en respuesta a la denuncia, la asesora Diana Jácome, que también es precandidata a asambleísta por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), presentó una denuncia de violencia política de género en su contra. Sin embargo, aún no se ha asignado un juez para este caso.
El juez Muñoz, actuando como juez de primera instancia, emitirá una sentencia que podrá ser apelada ante el pleno del TCE, el cual tiene la última y definitiva palabra en el proceso.
